La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la procedencia de la indemnización por daño psíquico reclamada por la cónyuge inocente, al considerar los jueces que incluso cuando la conducta del esposo en el ámbito de la relación matrimonial hubiere resultado idónea para declararlo culpable del divorcio y le hubiera causado un daño moral a la esposa, ello no resulta suficiente para acceder al resarcimiento del daño psíquico.
En la causa “S. M. B. c/ F. C. A. s/ divorcio”, la juez de grado había decretado el divorcio vincular por culpa del esposo por haber incurrido en la causal de injurias graves y rechazó el resto de las causales invocadas.
La magistrada de grado había decidido que no se encontraba acreditada la causal de adulterio, y que la circunstancia de que el esposo hubiera tenido dos hijos luego de quebrada la convivencia con S. no lo incluye en esa causal.
Con relación a la causal de injurias graves, la juez sostuvo que con las declaraciones testimoniales sumadas a los correos electrónicos agregados en autos, se acreditaron conductas injuriantes por parte del esposo hacia la esposa, que demostraron una actitud de menosprecio, humillación y ofensa para S.
El demandado apeló dicha resolución al considerar que los dichos de los testigos no alcanzaban para acreditar esas conductas hacia su esposa.
Los magistrados que integran la Sala L explicaron que “el propio demandado dice en sus agravios que lo único que surge de las declaraciones testimoniales es que él tenía intenciones de establecer relaciones afectivas con otras mujeres distintas a S. y que cada una de ellas "se desarrolló en un ámbito íntimo, a resguardo de la vista del entorno de S. Sea durante sus vacaciones de verano, entablando una discreta relación al frecuentar el hogar de un amigo; o bien desde el ánimo y ascético marco de la web"”.
Frente a ello, los jueces determinaron que “es inadmisible la postura de F. de pretender que no se lo culpe por la disolución matrimonial cuando claramente esas conductas son susceptibles de herir los sentimientos de la esposa, pues poseen entidad suficiente para tener por acreditada la causal en estudio”.
Por otro lado, ante la decisión de la juez de grado de otorgar a la actora la suma de 25 mil pesos en concepto de daño moral, el demandado cuestionó la procedencia y la cuantificación de la indemnización, mientras que la actora consideró reducido el monto.
Los camaristas explicaron con relación a este punto que “no es el decreto del divorcio por una causal subjetiva lo que determina la procedencia del resarcimiento del daño moral, sino los hechos configurativos de la causal o causales subjetivas que tengan entidad para generar daño moral en el cónyuge inocente”.
Los jueces entendieron que “probadas las conductas injuriantes por parte del marido hacia su esposa que menoscaban gravemente los derechos que el estado matrimonial atribuía a S., en tanto aquél mantenía relaciones afectivas con otras mujeres mientras vivían juntos y luego formara pareja con otra persona de cuya unión nacieron dos hijas, lesionan su derecho a la paz en el ámbito de la familia y el bienestar y felicidad en la relación conyugal, que torna procedente la indemnización del daño moral solicitada”.
En base a ello, decidieron confirmar la decisión de la magistrada en cuanto consideró procedente en el caso el resarcimiento del daño moral, pero decidieron elevar dicho importe a la suma de 35 mil pesos.
Por último, en cuanto a la reparación del daño psíquico pretendido por la actora, los jueces sostuvieron que “aunque las conductas del esposo en el ámbito de la relación matrimonial sean idóneas para declararlo culpable en el divorcio y aun cuando las características que tuvieron permitan presumir que le han causado daño moral a la esposa, estas circunstancias no bastan para acceder al resarcimiento del daño psíquico”.
Según explicó la mencionada Sala en la sentencia del 11 de octubre del presente año, la “falta de precisión en la determinación de los actos culpables imputables al marido como causantes de la secuela incapacitante de la esposa, esto es esa falta de prueba sobre la relación causal adecuada, obsta en el caso a la procedencia de la indemnización del daño psíquico”.
Se trata de un espacio de difusion y asesoramiento sobre cuestiones legales que afectan a las mujeres
miércoles, 21 de diciembre de 2011
Denunció al marido por maltrato: lo condenaron a 2 años y medio
En su mano izquierda lleva tatuada la inicial del nombre de su ex marido: Walter Asis (36). Mariela Santa Cruz (38) se lo hizo hace 15 años cuando estaba enamorada de ese hombre alto y morocho, con la que tuvo dos hijos y que ahora esta en la cárcel de Ezeiza. El lunes fue condenado, en un fallo inédito para la Ciudad de Buenos Aires, por el delito de amenazas agravadas por el uso de armas contra Mariela, y amenazas y maltrato físico contra sus hijos. Pasará los próximos dos años y seis meses preso. Ahora, en el barrio Illia, sus vecinos la felicitan porque se animó.
El 5 de julio de 2010 Mariela fue abuela. Cuando llegó del hospital fue a la casa de su mamá. Enseguida, Walter se asomó por una de las cinco ventanas de la casa y apuntándola con un arma, le gritó “¡Te voy a matar, yo no tengo nada que perder”. Mariela hizo la denuncia penal pero luego retiró los cargos.
El 13 de octubre, mientras Mariela trabajaba, su hijo Sebastián de siete años hacía los deberes en su pieza. Walter entró a la habitación de su hijo: –¡Puto, ¿dónde dejaste el lápiz que mamá te compró ayer? Buscalo porque si no te voy a pegar. Te voy a matar!, gritó Walter.
La hermana de Sebastían, Soledad, escuchó su llanto y llamó a su mamá. “Ese día dije ‘hasta acá llegué’. El límite son mis hijos. Mi hija me llamó llorando y salí del trabajo rápido y llamamos a Gendarmería”, dice a Clarín Mariela.
Cuando lo fueron a detener, Walter se refugió en la casa del padre de Mariela “Mi papá me pegó mucho cuando era chica. A mi mamá también le pegaba. Con Walter se entendían, se llevaban muy bien. Cuando Gendarmería le preguntó a mi papá por él, respodió ‘acá no esta’”, dice.
Mariela cuenta que durante cinco años estuvieron bien; Walter ayudaba a sus hijos a hacer los deberes o les revisaba la cabeza para encontrarle piojos. Cayó preso por robo y cuando salió de la cárcel era otra persona: “Adicto al paco y alcohólico”. Walter no trabajaba y se pasaba gran parte del día consunmiendo pasta base. Pasó 10 años tremendos cargados de violencia física y verbal. Lo único que le regalaba a ella eran bombachas: sabía cuántas tenía y si una desaparecía le pegaba. En la casa de Mariela funciona un jardín comunitario: todos los días comen y toman la leche unos 15 chicos. No recibe ninguna ayuda del Gobierno de la Ciudad. También en su casa da talleres para mujeres que sufren violencia doméstica. Trabaja haciendo matenimiento en el Centro de Primera Infancia la Hormiguita Viajera. “Necesito ayuda de profesionales para el apoyo de las chicas. Y comida para el jardín”, cuenta. Mariela, ahora, se conforma con lo cotidiano: volvió a desayunar con sus hijos y a dejar su billetera arriba de la mesa sin temor a que él le robe la plata.
El 5 de julio de 2010 Mariela fue abuela. Cuando llegó del hospital fue a la casa de su mamá. Enseguida, Walter se asomó por una de las cinco ventanas de la casa y apuntándola con un arma, le gritó “¡Te voy a matar, yo no tengo nada que perder”. Mariela hizo la denuncia penal pero luego retiró los cargos.
El 13 de octubre, mientras Mariela trabajaba, su hijo Sebastián de siete años hacía los deberes en su pieza. Walter entró a la habitación de su hijo: –¡Puto, ¿dónde dejaste el lápiz que mamá te compró ayer? Buscalo porque si no te voy a pegar. Te voy a matar!, gritó Walter.
La hermana de Sebastían, Soledad, escuchó su llanto y llamó a su mamá. “Ese día dije ‘hasta acá llegué’. El límite son mis hijos. Mi hija me llamó llorando y salí del trabajo rápido y llamamos a Gendarmería”, dice a Clarín Mariela.
Cuando lo fueron a detener, Walter se refugió en la casa del padre de Mariela “Mi papá me pegó mucho cuando era chica. A mi mamá también le pegaba. Con Walter se entendían, se llevaban muy bien. Cuando Gendarmería le preguntó a mi papá por él, respodió ‘acá no esta’”, dice.
Mariela cuenta que durante cinco años estuvieron bien; Walter ayudaba a sus hijos a hacer los deberes o les revisaba la cabeza para encontrarle piojos. Cayó preso por robo y cuando salió de la cárcel era otra persona: “Adicto al paco y alcohólico”. Walter no trabajaba y se pasaba gran parte del día consunmiendo pasta base. Pasó 10 años tremendos cargados de violencia física y verbal. Lo único que le regalaba a ella eran bombachas: sabía cuántas tenía y si una desaparecía le pegaba. En la casa de Mariela funciona un jardín comunitario: todos los días comen y toman la leche unos 15 chicos. No recibe ninguna ayuda del Gobierno de la Ciudad. También en su casa da talleres para mujeres que sufren violencia doméstica. Trabaja haciendo matenimiento en el Centro de Primera Infancia la Hormiguita Viajera. “Necesito ayuda de profesionales para el apoyo de las chicas. Y comida para el jardín”, cuenta. Mariela, ahora, se conforma con lo cotidiano: volvió a desayunar con sus hijos y a dejar su billetera arriba de la mesa sin temor a que él le robe la plata.
FEMINICIDIOS - INFORME
Cuatro mujeres fueron aniquiladas por un varón cercano a la familia en La Plata y un femicidio en La Pampa visibilizó la gravedad de que operadores judiciales no tengan formación en género. La repercusión mediática de estos casos reanimó el reclamo de incrementar las penas en los crímenes de odio contra las mujeres y eliminar la figura de avenimiento. Un grupo de legisladoras atendió este reclamo y dará el debate sobre modificar el Código Penal el año próximo.
Las personas y organizaciones involucradas en la lucha contra la violencia de género coinciden en que un femicida debe recibir una pena ejemplar. Y en que prevenir un femicidio implica que la víctima consiga protección judicial efectiva a tiempo y asistencia médica, legal, piscológica y económica (acceso a una vivienda, estudios, trabajo). Este es el marco en que se debe debatir la incorporación del femicidio al Código Penal y fue estipulado el 29 de noviembre en la primera reunión que convocó la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado Sonia Escudero, del Bloque Justicialista 8 de Octubre. Los próximos encuentros se desarrollarán durante el primer semestre de 2012 y el objetivo es discutir unas seis iniciativas sobre la mejor forma de sancionar la violencia machista extrema. Cuatro proyectos son de legisladores nacionales y otros dos de organismos provinciales.
La concurrencia de parlamentarias a la primera reunión fue baja y la mayoría representaba a la Banca de la Mujer. De los siete senadores que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ninguno se sumó al debate. Quienes participaron destacaron igualmente que es importante empezar a discutir la reforma del Código Penal para combatir el femicidio, puesto que ya suman 243 las víctimas fatales de esta violencia. El Observatorio de Femicidios en Argentina 'Adriana Marisel Zambrano', de la Casa del Encuentro, en el marco del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer informó que entre enero y octubre de este año hubo 237 casos. La cifra creció un 10% respecto de 2010. En noviembre y diciembre de este año se produjeron la masacre en La Plata y los femicidios de Carla Figueroa en La Pampa y María Ramos en Salta.
La convocatoria de la senadora Escudero fue una respuesta a estas espeluznantes cifras y a la matanza que conmovió al barrio platense La Loma el 27 de noviembre. Cuatro mujeres fueron masacradas y el único imputado es Osvaldo Emir Martínez (27) por el asesinato de su pareja Bárbara Santos, de 29 años. Las otras víctimas fueron la hija de Bárbara Micaela Galle (11), la madre Susana De Barttole (63) y su amiga Marisol Pereyra (35). Los padres de Micaela y Marisol, Daniel Galle y Miguel Pereyra encabezaron el domingo pasado una protesta en Plaza Moreno para reclamar a la justicia una pena ejemplar. Volverán a marchar el domingo 18.
De acuerdo a la legislación penal vigente, existe la posibilidad de encerrar al femicida hasta unos 25 años, que es la pena máxima en caso de homicidio. Es verdad que puede no considerase el vínculo que el femicida tenía con la víctima como agravante porque el artículo 80 del Código Penal excluye a ex conyugues, concubinos, ex concubinos, novios, ex novios, tíos, vecinos. Pero por otro lado puede endurecerse la condena si se consideran las circunstancias, es decir que el femicida acuchilló y apaleó a conciencia a Micaela, Bárbara, Marisol y Susana.
En este contexto considerar al femicidio un delito penal requiere una discusión exhaustiva y las organizaciones de derechos humanos que reclaman este debate celebran que las parlamentarias tomaran la posta. Uno de los proyectos presentados en el Congreso pertenece al Centro de la Mujer de Vicente López (Buenos Aires), que tiene más de 20 años de experiencia en la temática. En representación del Centro, la abogada penalista Silvia Paola Viqueira explicó que el objetivo es modificar el artículo 80 para tipificar el delito de femicidio como agravante. 'Nosotros proponemos incluir el delito de femicidio agregando el agravante de género. Creemos que si una mujer es asesinada por el sólo hecho de serlo el castigo debe ser mayor, por eso incluimos un inciso sobre un nuevo tipo penal que es por el solo hecho de ser mujer. También agregamos como sujeto al concubino y a cualquier relación de pareja, ya sea presente o pasada para que no haya una discriminación en función al vínculo', detalló la especialista en temas de violencia familiar.
Por su parte, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) apoya la inclusión de más personas en el agravante sobre la relación entre el agresor y la víctima. La directora ejecutiva de ELA Natalia Gherardi explicó que también es posible contener como agravante el crimen de odio al género u orientación sexual. Cabe señalar que estas dos mejoras de la legislación penal fueron planteadas con anterioridad por la diputada nacional Marcela Rodríguez y sin embargo tuvieron que ocurrir más de 400 muertes brutales entre 2010 y 2011 para que el tema finalmente se incluyera en la agenda del Congreso nacional.
Sobre los proyectos que proponen agravar la pena en casos de femicidio, Gherardi advirtió: 'El problema es la constitucionalidad de la figura penal, esto es la descripción de la conducta que es un delito. Tiene que estar claramente determinada. Actualmente el tipo penal es el que matare a otro. Este delito es claro, hay un perpetrador y una víctima. Si incluimos el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer en el marco de una relación desigual de poder tendremos que probarlo. Todo lo que una alega tiene que ser probado ya que es una garantía fundamental del derecho penal. ¿Cómo probás las asimetrías de poder? Creo que el problema es la utilización en el derecho penal de una categoría política y de análisis sociológico. Es un salto muy difícil, si no logramos sostenerlo teóricamente corremos el riesgo de erosionar el reclamo legítimo de que a las mujeres las están matando'. Otra preocupación de la directora de ELA es que la tipificación del femicidio en el Código Penal sea una respuesta fácil al problema fatal de la violencia de género, que básicamente requiere de políticas públicas integrales. Esta inquietud también fue planteada en el documento Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio/Femicidio de CLADEM.
Según estos testimonios hay posturas diferentes sobre crear una figura penal de femicidio, pero las personas e instituciones involucradas en la discusión insisten en darla porque el silencio es el peor de los escenarios. Especialistas en género como Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, señalan justamente que es importante que la tragedia del femicidio se visibilice. 'A veces leyes muy penalizadoras tienen un impacto contrario al deseado, pero eso no nos libera de hablar y discutir su inclusión en el código penal abiertamente. El silencio o una decisión rápida sin una buena discusión pueden llevarnos a un cambio legal que termine siendo peor o nos obligue a arreglar lo hecho. Abramos el debate y demostremos que el feminicidio es algo específico. Las mujeres son asesinadas en mayor número y son sus parejas o ex parejas quienes las matan con saña', precisó.
Las personas y organizaciones involucradas en la lucha contra la violencia de género coinciden en que un femicida debe recibir una pena ejemplar. Y en que prevenir un femicidio implica que la víctima consiga protección judicial efectiva a tiempo y asistencia médica, legal, piscológica y económica (acceso a una vivienda, estudios, trabajo). Este es el marco en que se debe debatir la incorporación del femicidio al Código Penal y fue estipulado el 29 de noviembre en la primera reunión que convocó la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado Sonia Escudero, del Bloque Justicialista 8 de Octubre. Los próximos encuentros se desarrollarán durante el primer semestre de 2012 y el objetivo es discutir unas seis iniciativas sobre la mejor forma de sancionar la violencia machista extrema. Cuatro proyectos son de legisladores nacionales y otros dos de organismos provinciales.
La concurrencia de parlamentarias a la primera reunión fue baja y la mayoría representaba a la Banca de la Mujer. De los siete senadores que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ninguno se sumó al debate. Quienes participaron destacaron igualmente que es importante empezar a discutir la reforma del Código Penal para combatir el femicidio, puesto que ya suman 243 las víctimas fatales de esta violencia. El Observatorio de Femicidios en Argentina 'Adriana Marisel Zambrano', de la Casa del Encuentro, en el marco del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer informó que entre enero y octubre de este año hubo 237 casos. La cifra creció un 10% respecto de 2010. En noviembre y diciembre de este año se produjeron la masacre en La Plata y los femicidios de Carla Figueroa en La Pampa y María Ramos en Salta.
La convocatoria de la senadora Escudero fue una respuesta a estas espeluznantes cifras y a la matanza que conmovió al barrio platense La Loma el 27 de noviembre. Cuatro mujeres fueron masacradas y el único imputado es Osvaldo Emir Martínez (27) por el asesinato de su pareja Bárbara Santos, de 29 años. Las otras víctimas fueron la hija de Bárbara Micaela Galle (11), la madre Susana De Barttole (63) y su amiga Marisol Pereyra (35). Los padres de Micaela y Marisol, Daniel Galle y Miguel Pereyra encabezaron el domingo pasado una protesta en Plaza Moreno para reclamar a la justicia una pena ejemplar. Volverán a marchar el domingo 18.
De acuerdo a la legislación penal vigente, existe la posibilidad de encerrar al femicida hasta unos 25 años, que es la pena máxima en caso de homicidio. Es verdad que puede no considerase el vínculo que el femicida tenía con la víctima como agravante porque el artículo 80 del Código Penal excluye a ex conyugues, concubinos, ex concubinos, novios, ex novios, tíos, vecinos. Pero por otro lado puede endurecerse la condena si se consideran las circunstancias, es decir que el femicida acuchilló y apaleó a conciencia a Micaela, Bárbara, Marisol y Susana.
En este contexto considerar al femicidio un delito penal requiere una discusión exhaustiva y las organizaciones de derechos humanos que reclaman este debate celebran que las parlamentarias tomaran la posta. Uno de los proyectos presentados en el Congreso pertenece al Centro de la Mujer de Vicente López (Buenos Aires), que tiene más de 20 años de experiencia en la temática. En representación del Centro, la abogada penalista Silvia Paola Viqueira explicó que el objetivo es modificar el artículo 80 para tipificar el delito de femicidio como agravante. 'Nosotros proponemos incluir el delito de femicidio agregando el agravante de género. Creemos que si una mujer es asesinada por el sólo hecho de serlo el castigo debe ser mayor, por eso incluimos un inciso sobre un nuevo tipo penal que es por el solo hecho de ser mujer. También agregamos como sujeto al concubino y a cualquier relación de pareja, ya sea presente o pasada para que no haya una discriminación en función al vínculo', detalló la especialista en temas de violencia familiar.
Por su parte, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) apoya la inclusión de más personas en el agravante sobre la relación entre el agresor y la víctima. La directora ejecutiva de ELA Natalia Gherardi explicó que también es posible contener como agravante el crimen de odio al género u orientación sexual. Cabe señalar que estas dos mejoras de la legislación penal fueron planteadas con anterioridad por la diputada nacional Marcela Rodríguez y sin embargo tuvieron que ocurrir más de 400 muertes brutales entre 2010 y 2011 para que el tema finalmente se incluyera en la agenda del Congreso nacional.
Sobre los proyectos que proponen agravar la pena en casos de femicidio, Gherardi advirtió: 'El problema es la constitucionalidad de la figura penal, esto es la descripción de la conducta que es un delito. Tiene que estar claramente determinada. Actualmente el tipo penal es el que matare a otro. Este delito es claro, hay un perpetrador y una víctima. Si incluimos el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer en el marco de una relación desigual de poder tendremos que probarlo. Todo lo que una alega tiene que ser probado ya que es una garantía fundamental del derecho penal. ¿Cómo probás las asimetrías de poder? Creo que el problema es la utilización en el derecho penal de una categoría política y de análisis sociológico. Es un salto muy difícil, si no logramos sostenerlo teóricamente corremos el riesgo de erosionar el reclamo legítimo de que a las mujeres las están matando'. Otra preocupación de la directora de ELA es que la tipificación del femicidio en el Código Penal sea una respuesta fácil al problema fatal de la violencia de género, que básicamente requiere de políticas públicas integrales. Esta inquietud también fue planteada en el documento Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio/Femicidio de CLADEM.
martes, 20 de diciembre de 2011
VENTA BIEN GANANCIAL CON HIJOS MENORES
Ante la falta de consentimiento conyugal para la venta del inmueble que fue sede del hogar conyugal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la solicitud de venia judicial del cónyuge que pretendía vender el inmueble, debido a que dicha partición puede generar un perjuicio para el bienestar habitacional de los hijos menores.
Al rechazar la demanda y hacer lugar a su oposición, la sentencia de grado había resuelto en la causa “G., A. G. D. c/ L. O. M. C. N. s/ liquidación de sociedad conyugal”, disponer que el inmueble en cuestión no sea partido ni liquidado hasta tanto la hija menor de ambas partes, alcanzara la mayoría de edad, y siempre y cuando durante ese tiempo permanezca afectado exclusivamente a la efectiva convivencia de las hijas durante su minoría de edad.
El actor apeló dicha resolución al considerar que el grave perjuicio al que hace referencia el artículo 211 del Código Civil debió haber sido acreditado por la demandada, quien nunca pudo probar el daño que le traería aparejado la liquidación de la sociedad conyugal, la venta del inmueble en el que habita y la adquisición con su producto de dos bienes de similares características.
A su vez, el recurrente sostuvo que en el presente caso se encuentra acreditado que la demandada poseía fortuna personal por lo cual la venta del inmueble no le ocasionaría un grave perjuicio.
Al analizar el presente caso, los jueces que integran la Sala L remarcaron en primer lugar que el inmueble cuya venta persigue el accionante es el único bien ganancial, sede del hogar conyugal y residencia de las hijas menores de edad.
Según los magistrados, en el presente caso “debe tenerse en cuenta que el art. 211 del Cód. Civil se complementa con lo dispuesto por el art. 1277 del mismo cuerpo legal”.
En tal sentido, los camaristas explicaron que “considerándose que la cónyuge inocente vive con sus hijas menores de edad en el inmueble que fuera sede del hogar conyugal, la protección no sólo está dada por el art. 211 del cuerpo legal mencionado, sino también por el art. 1277 del Cód. Civil que protege al hogar conyugal, máxime cuando como en el caso existen hijos menores, por lo que debe prevalecer el interés de los hijos por sobre los derechos de propiedad de sus progenitores”.
En la sentencia del 20 de octubre del presente año, los camaristas remarcaron “el uso exclusivo de un bien ganancial destinado a partirse en la instancia de la liquidación de la sociedad conyugal, es de carácter excepcional”, mientras que “las pautas que determinan su indivisión se ponderan según la protección que cabe a los intereses materiales y morales de los hijos menores y el carácter paliativo de la medida respecto del cónyuge inocente”.
Los magistrados entendieron que “el consentimiento de la cónyuge inocente para la venta del inmueble, sólo queda al accionante acudir a la venia judicial, tal cual lo hizo”, sin embargo, explicaron que “en casos como el de autos debe tenerse en cuenta no sólo que con ello se generaría un grave perjuicio a la peticionante, sino que también incidiría sobre el interés familiar y el bienestar habitacional de las menores”.
Tras remarcar que en el presente caso “no puede perderse de vista tanto el carácter de cónyuge inocente que detenta la demandada, como que en el inmueble en cuestión habitan las hijas menores”, los jueces resolvieron que “no obstante la insistencia del accionante no encuentro acreditado en el caso que la liquidación de este bien no afectaría el interés familiar y el nivel económico que presentan las menores desde hace años”.
La mencionada Sala concluyó que “no puede sostener el demandado que con la venta de dicho inmueble se podrían adquirir dos, uno de los cuales tenga las mismas características que el presente y se encuentre ubicado en la misma zona de residencia, circunstancia que resultaría improbable”.
Al concluir que “de producirse la venta del inmueble se afectarían tanto el interés familiar como el nivel de vida de las menores, produciéndose un grave perjuicio incluso para la cónyuge inocente”, los magistrados explicaron que “si bien se acreditó que la accionante era condómina de otros terrenos, no se probó la efectiva existencia del capital, así como tampoco la facilidad de venta de dichos condominios, tendiente a permitir que la liquidación del bien en cuestión no afectaría el primordial interés familiar, ni el nivel económico que las hijas menores mantenían desde hacía años”, por lo que confirmaron la sentencia de grado.
Al rechazar la demanda y hacer lugar a su oposición, la sentencia de grado había resuelto en la causa “G., A. G. D. c/ L. O. M. C. N. s/ liquidación de sociedad conyugal”, disponer que el inmueble en cuestión no sea partido ni liquidado hasta tanto la hija menor de ambas partes, alcanzara la mayoría de edad, y siempre y cuando durante ese tiempo permanezca afectado exclusivamente a la efectiva convivencia de las hijas durante su minoría de edad.
El actor apeló dicha resolución al considerar que el grave perjuicio al que hace referencia el artículo 211 del Código Civil debió haber sido acreditado por la demandada, quien nunca pudo probar el daño que le traería aparejado la liquidación de la sociedad conyugal, la venta del inmueble en el que habita y la adquisición con su producto de dos bienes de similares características.
A su vez, el recurrente sostuvo que en el presente caso se encuentra acreditado que la demandada poseía fortuna personal por lo cual la venta del inmueble no le ocasionaría un grave perjuicio.
Al analizar el presente caso, los jueces que integran la Sala L remarcaron en primer lugar que el inmueble cuya venta persigue el accionante es el único bien ganancial, sede del hogar conyugal y residencia de las hijas menores de edad.
Según los magistrados, en el presente caso “debe tenerse en cuenta que el art. 211 del Cód. Civil se complementa con lo dispuesto por el art. 1277 del mismo cuerpo legal”.
En tal sentido, los camaristas explicaron que “considerándose que la cónyuge inocente vive con sus hijas menores de edad en el inmueble que fuera sede del hogar conyugal, la protección no sólo está dada por el art. 211 del cuerpo legal mencionado, sino también por el art. 1277 del Cód. Civil que protege al hogar conyugal, máxime cuando como en el caso existen hijos menores, por lo que debe prevalecer el interés de los hijos por sobre los derechos de propiedad de sus progenitores”.
En la sentencia del 20 de octubre del presente año, los camaristas remarcaron “el uso exclusivo de un bien ganancial destinado a partirse en la instancia de la liquidación de la sociedad conyugal, es de carácter excepcional”, mientras que “las pautas que determinan su indivisión se ponderan según la protección que cabe a los intereses materiales y morales de los hijos menores y el carácter paliativo de la medida respecto del cónyuge inocente”.
Los magistrados entendieron que “el consentimiento de la cónyuge inocente para la venta del inmueble, sólo queda al accionante acudir a la venia judicial, tal cual lo hizo”, sin embargo, explicaron que “en casos como el de autos debe tenerse en cuenta no sólo que con ello se generaría un grave perjuicio a la peticionante, sino que también incidiría sobre el interés familiar y el bienestar habitacional de las menores”.
Tras remarcar que en el presente caso “no puede perderse de vista tanto el carácter de cónyuge inocente que detenta la demandada, como que en el inmueble en cuestión habitan las hijas menores”, los jueces resolvieron que “no obstante la insistencia del accionante no encuentro acreditado en el caso que la liquidación de este bien no afectaría el interés familiar y el nivel económico que presentan las menores desde hace años”.
La mencionada Sala concluyó que “no puede sostener el demandado que con la venta de dicho inmueble se podrían adquirir dos, uno de los cuales tenga las mismas características que el presente y se encuentre ubicado en la misma zona de residencia, circunstancia que resultaría improbable”.
Al concluir que “de producirse la venta del inmueble se afectarían tanto el interés familiar como el nivel de vida de las menores, produciéndose un grave perjuicio incluso para la cónyuge inocente”, los magistrados explicaron que “si bien se acreditó que la accionante era condómina de otros terrenos, no se probó la efectiva existencia del capital, así como tampoco la facilidad de venta de dichos condominios, tendiente a permitir que la liquidación del bien en cuestión no afectaría el primordial interés familiar, ni el nivel económico que las hijas menores mantenían desde hacía años”, por lo que confirmaron la sentencia de grado.
DELITOS CONTRA LA MUJER - FIGURA DE AVENIMIENTO
Un proyecto de ley presentado por dieciocho diputados del interbloque del Frente Amplio Progresista en la Cámara de Diputados de la Nación tiene como objetivo eliminar la figura del “avenimiento” del Código Penal.
Tras el femicidio de Carla Figueroa y a partir de la gran cantidad de ilícitos de ese tipo ocurridos en el presente año, los legisladores consideraron que la extinción de la acción penal por avenimiento es discriminatorio y lesiva a la dignidad de la mujer y “afecta el derecho humano al acceso a la justicia, porque la víctima no puede ejercer su derecho a un debido proceso, a investigar y en definitiva a obtener sentencia que condene eventualmente a su agresor”.
Además, cabe destacar que el interbloque buscará la inclusión del proyecto en las sesiones ordinarias de la Cámara baja. A tal efecto, fue presentada una carta a la Presidente de la Nación a través del actual presidente de la Cámara de Diptados, Julián Domínguez.
De esta manera, se busca eliminar del Código Penal la figura del avenimiento a través de la iniciativa surgida por el impactante asesinato de Carla Figueroa en General Pico a manos de su marido luego de haberle perdonado una violación.
Tras el femicidio de Carla Figueroa y a partir de la gran cantidad de ilícitos de ese tipo ocurridos en el presente año, los legisladores consideraron que la extinción de la acción penal por avenimiento es discriminatorio y lesiva a la dignidad de la mujer y “afecta el derecho humano al acceso a la justicia, porque la víctima no puede ejercer su derecho a un debido proceso, a investigar y en definitiva a obtener sentencia que condene eventualmente a su agresor”.
Además, cabe destacar que el interbloque buscará la inclusión del proyecto en las sesiones ordinarias de la Cámara baja. A tal efecto, fue presentada una carta a la Presidente de la Nación a través del actual presidente de la Cámara de Diptados, Julián Domínguez.
De esta manera, se busca eliminar del Código Penal la figura del avenimiento a través de la iniciativa surgida por el impactante asesinato de Carla Figueroa en General Pico a manos de su marido luego de haberle perdonado una violación.
lunes, 19 de diciembre de 2011
FEMINICIDIO
Un juez bonaerense que aplicó los fundamentos de la ley que previene y sanciona la violencia contra la mujer como agravantes de un homicidio, a pesar de que el fiscal no lo había solicitado, reivindicó el derecho de los familiares de las víctimas a reclamar esa medida. El juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, que la semana pasada dio impulso al caso de Fátima Catán, quien en agosto de 2010 murió luego de ser quemada en su casa de Villa Fiorito, explicó a la agencia de noticias Télam que le imputó a Mario Santillán, de 32 años, pareja de la víctima, la autoría de "homicidio en el contexto de violencia familiar", sobre la base de la ley 12.569, que rige en territorio bonaerense para esos casos.
Lo hizo luego de que, durante un año y cuatro meses desde que ocurrió el hecho, el fiscal Ramiro Varangot mantuviera la calificación de "averiguación de causales de muerte".
Dijo del fallo: "Es novedoso desde el punto de vista de que adopté esta decisión sobre la base de un pedido del particular damnificado. Con esto se abren nuevas miradas para los familiares que no encuentran respuesta por parte del fiscal", en relación con el planteo del abogado querellante, Gabriel Juricich.
En su fallo, el magistrado expuso que "el particular damnificado es una figura coprotagonista, a la par de la labor del titular de la acción [el fiscal]", y según el artículo 6 del Código Procesal Penal provincial, sus peticiones "habilitarán al juez o al tribunal a abrir o continuar el juicio, a juzgar y a condenar".
Con respecto a su decisión de imputar el delito sin previo requerimiento del fiscal, como prevé el Código Penal, Vitale recordó que, por ejemplo, el artículo 334 bis da al particular damnificado facultades de continuar una causa cuando hay un pedido de sobreseimiento por parte del Ministerio Público.
"En la provincia de Buenos Aires lo que ocurrió es que, con las últimas modificaciones, el particular damnificado puede acusar en un juicio, aunque no lo haga el fiscal y lograr una condena, y también pedir la elevación a juicio. Es una interpretación que yo realizo, pero si pueden pedir eso, ¿cómo no van a poder pedir la imputación de una persona?", planteó.
Según Vitale, el fiscal no solicitó ninguna medida tras su decisión y anticipó que seguramente "se planteará una nueva discusión si el particular damnificado pide la detención" del imputado.
Fátima Catán, que cursaba un embarazo de cinco semanas, fue quemada el 19 de agosto de 2010 en su casa de Murature al 600, Villa Fiorito, donde convivía con Santillán; sufrió lesiones en el 85% del cuerpo y murió al día siguiente.
Según la versión que Santillán dio a la policía poco después del hecho, Fátima estaba limpiando discos compactos con algodón y alcohol, encendió un cigarrillo y se prendió fuego.
El 27 de este mes se hará la reconstrucción del hecho con la presencia del acusado, que ya fue notificado; los bomberos efectuarán un peritaje para intentar determinar cómo sucedieron los hechos.
El juez Vitale explicó a Télam que "en la causa hay once testigos que hablan de la relación violenta que tenía la pareja, y dos de ellos dicen que esa noche se insultaban a los gritos y peleaban".
Los médicos que la atendieron dijeron que la víctima dio dos versiones: que se prendió fuego mientras fumaba al frotarse alcohol en el cuerpo porque le picaba, y que se quemó al manipular una botella de alcohol.
El caso de Wanda Taddei
Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, será juzgado en febrero próximo por el homicidio de su esposa, Wanda Taddei, en febrero del año pasado. El fiscal acusó al músico de haber prendido fuego a la mujer en su casa.
CONMOCIÓN EN GENERAL PICO
Violación y asesinato
El 10 de este mes, en General Pico, La Pampa, Carla Figueroa fue asesinada de diez puñaladas por Marcelo Tomaselli. Ocho días éste antes había salido de la cárcel gracias a que Carla, que lo había acusado de violación, aceptó casarse con él..
Lo hizo luego de que, durante un año y cuatro meses desde que ocurrió el hecho, el fiscal Ramiro Varangot mantuviera la calificación de "averiguación de causales de muerte".
Dijo del fallo: "Es novedoso desde el punto de vista de que adopté esta decisión sobre la base de un pedido del particular damnificado. Con esto se abren nuevas miradas para los familiares que no encuentran respuesta por parte del fiscal", en relación con el planteo del abogado querellante, Gabriel Juricich.
En su fallo, el magistrado expuso que "el particular damnificado es una figura coprotagonista, a la par de la labor del titular de la acción [el fiscal]", y según el artículo 6 del Código Procesal Penal provincial, sus peticiones "habilitarán al juez o al tribunal a abrir o continuar el juicio, a juzgar y a condenar".
Con respecto a su decisión de imputar el delito sin previo requerimiento del fiscal, como prevé el Código Penal, Vitale recordó que, por ejemplo, el artículo 334 bis da al particular damnificado facultades de continuar una causa cuando hay un pedido de sobreseimiento por parte del Ministerio Público.
"En la provincia de Buenos Aires lo que ocurrió es que, con las últimas modificaciones, el particular damnificado puede acusar en un juicio, aunque no lo haga el fiscal y lograr una condena, y también pedir la elevación a juicio. Es una interpretación que yo realizo, pero si pueden pedir eso, ¿cómo no van a poder pedir la imputación de una persona?", planteó.
Discusión abierta
Consultado sobre si la decisión generó polémica en el ámbito jurídico, aseguró: "La discusión es feroz porque hay jueces muy garantistas que dicen que esto va contra los derechos del imputado".Según Vitale, el fiscal no solicitó ninguna medida tras su decisión y anticipó que seguramente "se planteará una nueva discusión si el particular damnificado pide la detención" del imputado.
Fátima Catán, que cursaba un embarazo de cinco semanas, fue quemada el 19 de agosto de 2010 en su casa de Murature al 600, Villa Fiorito, donde convivía con Santillán; sufrió lesiones en el 85% del cuerpo y murió al día siguiente.
Según la versión que Santillán dio a la policía poco después del hecho, Fátima estaba limpiando discos compactos con algodón y alcohol, encendió un cigarrillo y se prendió fuego.
El 27 de este mes se hará la reconstrucción del hecho con la presencia del acusado, que ya fue notificado; los bomberos efectuarán un peritaje para intentar determinar cómo sucedieron los hechos.
El juez Vitale explicó a Télam que "en la causa hay once testigos que hablan de la relación violenta que tenía la pareja, y dos de ellos dicen que esa noche se insultaban a los gritos y peleaban".
Los médicos que la atendieron dijeron que la víctima dio dos versiones: que se prendió fuego mientras fumaba al frotarse alcohol en el cuerpo porque le picaba, y que se quemó al manipular una botella de alcohol.
Historias que se repiten
EL CASO TESTIGOEl caso de Wanda Taddei
Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, será juzgado en febrero próximo por el homicidio de su esposa, Wanda Taddei, en febrero del año pasado. El fiscal acusó al músico de haber prendido fuego a la mujer en su casa.
CONMOCIÓN EN GENERAL PICO
Violación y asesinato
El 10 de este mes, en General Pico, La Pampa, Carla Figueroa fue asesinada de diez puñaladas por Marcelo Tomaselli. Ocho días éste antes había salido de la cárcel gracias a que Carla, que lo había acusado de violación, aceptó casarse con él..
jueves, 15 de diciembre de 2011
HOMICIDIO AGRAVADO POR EL GENERO
Un juez de Lomas de Zamora imputó a un hombre el “homicidio calificado”, por haber sido cometido en “el marco de la violencia contra la mujer”, de su concubina embarazada, quien en agosto de 2010 murió luego de ser quemada en su casa de la localidad bonaerense de Villa Fiorito.
Alberto Palacio, director del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, informó que la decisión fue adoptada por el juez de Garantías Gabriel Vitale. Según explicaron Palacio y el abogado del particular damnificado, Gabriel Juricich, el magistrado consideró que el homicidio de Fátima Catán (24), que le atribuye a Mario Santillán (32), tiene el agravante de que fue cometido “en el marco de la violencia contra la mujer”.Los letrados precisaron que el juez adoptó la decisión luego de que ellos presentaran un pedido de cambio de carátula, que hasta hoy el fiscal Ramiro Varangot mantenía como “averiguación de causales de muerte”.
En esa presentación, los abogados reclamaron que el caso sea tratado en el marco de la Ley 26.485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, sancionada el 11 de marzo de 2009.
Juricich también pidió que se anule la declaración testimonial de Santillán por considerar que incurrió en “contradicciones” y que se procese por “encubrimiento” a tres familiares del ahora acusado por alterar la escena del crimen. Los abogados agregaron que el juez Vitale no ordenó la captura de Santillán, aunque sí que el 27 de diciembre próximo se lleve a cabo una nueva reconstrucción del hecho.
De todos modos, Juricich señaló que a partir de la resolución de ayer, el fiscal Varangot puede solicitar la captura de Santillán. “El (por Santillán) me la mató porque estaba embarazada y no quería chicos. No tengo ninguna duda”, expresó Elsa Jerez, la madre de Fátima, emocionada por el fallo del juez.
VIOLACIONES - PROTOCOLO VICTIMAS
El Ministerio de Salud de la Nación presentó ayer un protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales, que será distribuido en hospitales públicos del país. Se trata de un instructivo para los equipos de salud, donde se fijan los pasos a seguir. En principio, define que una violación “siempre es urgencia” y debe ser atendida “en forma inmediata”. Establece un tratamiento médico que incluye la atención de las lesiones, medicación para prevenir el VIH/sida y la hepatitis B, y otras infecciones de transmisión sexual, anticoncepción hormonal de emergencia para evitar un embarazo si se está a tiempo de hacerlo o acceso al aborto no punible si es necesario.
En relación con este último punto la guía es bien clara: se le debe informar a la mujer que quedó embarazada producto de una violación que tiene derecho a la interrupción de la gestación y si la solicita, el hospital debe garantizar la práctica.El protocolo también establece que a las víctimas de violación se les debe ofrecer atención psicológica. “El material fue concebido para evitar que se revictimice a las personas que llegan al hospital luego de haber sido violadas, de manera de brindarles una atención comprensiva y contenedora”, explicó Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en cuyo ámbito se elaboró el instructivo. La mayoría de las víctimas de violación son mujeres y niñas.
De todas formas, el protocolo está pensado para atender también a varones, niños y personas trans, aclaró la funcionaria. De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, en 2008 hubo en todo el país 10.604 denuncias por delitos contra la integridad sexual, de las cuales 3367 correspondieron a violaciones.
Para la elaboración del instructivo se tomaron en cuenta las experiencias de otros países como Brasil y Puerto Rico y también de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Santiago del Estero, donde ya tienen protocolos hospitalarios implementados. Según informó el ministerio, se imprimieron 20 mil ejemplares que serán distribuidos en los hospitales del país, y al que se puede acceder en línea a través de www.msal.gov.ar/saludsexual.
Un dato importante es que para recibir atención no es necesario que la persona haya denunciado el ataque sexual. Algunas mujeres eligen no hacerlo nunca. Pero también “puede denunciarse hasta varios años después de producida, pues está probado que el impacto emocional, la vergüenza y la culpa hacen que lleve un tiempo diferente a cada persona tomar esta decisión”, advierte el protocolo. La guía indica que se debe ofrecer asesoramiento para denunciar en caso de que la víctima decida hacerlo.
Si bien de los 1051 hospitales de la Argentina, 374 reportan contar con algún dispositivo de atención a víctimas de violencia sexual, Ferro consideró “que es importante que adopten y adapten a sus realidades el protocolo nacional”. La funcionaria confirmó que “elaboramos un plan de trabajo para que las provincias lo apliquen, que además contempla un monitoreo de los casos y un seguimiento”. También está prevista la capacitación a equipos de salud.
La presentación del protocolo estuvo a cargo del subsecretario de Salud Comunitaria nacional, Guillermo González Prieto, y de la experta Silvia Chejter, quien redactó el documento. También participó Ferro y el director nacional de Sida y ETS, Carlos Falistocco.
Según se explicó, la guía de atención fue elaborada a partir de recomendaciones de un comité de expertos convocado por el Ministerio de Salud de la Nación. Además, participaron especialistas de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, del Programa de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual de la Ciudad de Buenos Aires y referentes de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil.
Para mayor información, se puede recurrir a las líneas telefónicas gratuitas de salud sexual 0800-222-3444 y de sida 0800-3333-444, que atienden consultas en casos de violación y derivan a los hospitales que cuentan con la medicación apropiada.
VIOLACION - FIGURA DEL AVENIMIENTO
El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni cuestionó el instituto del avenimiento, al que calificó como “una pieza arqueológica” del Código Penal. Zaffaroni se refirió así a la figura que le permitió a Marcelo Tomaselli recuperar la libertad luego de haber violado a su pareja, Carla Figueroa, de 19 años, a quien asesinó ocho días después de salir de la cárcel. “¿Por qué el delito de violación es el único que puede tener esa excusa absolutoria? Sería más lógico que lo tuviera el robo: me llevo algo, lo devuelvo, pido perdón, en fin, arreglo la casa un mes, tiene más razón. Pero en la violación con violencia, violación propia, me parece que es una pieza arqueológica que quedó en el Código”, opinó y se sumó así a las múltiples voces críticas que en los últimos días reclamaron la derogación de ese beneficio, por el cual un tribunal puede acceder a perdonar a un violador si la víctima así lo pide, siempre que haya una relación afectiva previa entre ambos y que ella no actúe bajo presión y su consentimiento sea dado de forma libre y plena. Consultado sobre la pena que le podría caber a Tomaselli por el femicidio de su flamante esposa, Zaffaroni recordó que al tratarse de “un homicidio calificado por el vínculo”, le corresponde “prisión perpetua, la pena más grave” prevista en el Código Penal.
Paralelamente, integrantes de los tres bloques legislativos de La Pampa presentaron una denuncia al Jurado de Enjuiciamiento contra los dos jueces del Tribunal de Impugnación que otorgaron el 2 de diciembre el avenimiento a Tomaselli. Los magistrados son Carlos Flores y Gustavo Adolfo Jensen. En la presentación pidieron que se determinen y evalúen las medidas que correspondan acerca de la conducta de los magistrados, al avalar el pedido promovido por el abogado defensor del imputado, Armando Agüero, el penalista más mediático de General Pico. Agüero renunció a la defensa tras el femicidio de la adolescente, ocurrido en la madrugada del último sábado. Tal como informó Página/12, cuatro jueces –los tres integrantes de la Audiencia de Juicio de Pico y el único magistrado que votó en disidencia del Tribunal de Impugnación de La Pampa– y los dos fiscales que investigaron la violación habían advertido que se trataba de una maniobra de la defensa para liberar al acusado y que Carla podría haber sido manipulada y por la propia condición de víctima de un ataque sexual no estaba en condiciones emocionales de dar un consentimiento libre para pedir el avenimiento, como exige el Código Penal.La denuncia contra Flores y Jensen fue presentada en la mesa de entrada del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa por los presidentes de los bloques del PJ, Daniel Lovera, del Frente Pampeano Cívico y Social (Frepam), Carlos Olivero y de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca. Las tres fuerzas consensuaron darle impulso al jury. El martes, un grupo de mujeres y varones pampeanos, indignados por el accionar de los magistrados en el caso, había elevado una nota a la Legislatura en la que reclamaron que sean sometidos a un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Ahora será el Jurado de Enjuiciamiento el que determine si se avanza con el jury. El órgano está integrado por el presidente del Superior Tribunal de La Pampa, dos abogados de la matrícula y dos diputados, uno del oficialismo y otro de la oposición.
La vida de Carla Figueroa estuvo signada por la violencia machista desde la cuna. Cuando tenía ocho meses de vida, su papá asesinó a su mamá, y ella, desde entonces, fue criada por su abuela materna. A los 15 años quedó embarazada de Tomaselli. Mantuvieron una relación afectiva, pero en marzo la pareja se separó. Un par de meses después, él fue a buscarla a la salida de su trabajo con la excusa de conversar, la llevó a un descampado y la violó amenazándola con un cuchillo. Se le imputó el delito de “abuso sexual agravado por el uso de arma”, con una pena de 8 a 20 años de prisión. Cuando el caso ya iba a ser elevado a juicio oral y las pruebas en su contra eran contundentes de acuerdo con la investigación que llevó adelante la fiscal Ivana Hernández, la defensa de Tomaselli propuso el avenimiento y Carla aceptó, a pesar de que había manifestado mucho temor de que su ex pareja recuperara la libertad. De hecho, en los últimos días se conoció una entrevista que había dado a un canal de La Pampa poco después de la violación, donde expresaba claramente ese miedo. El planteo del avenimiento fue rechazado por unanimidad en primera instancia el 4 de octubre por la Audiencia de Juicio de General Pico: los tres jueces consideraron que la adolescente no estaba en condiciones de dar un consentimiento en forma libre y plena por la violencia sufrida. La pareja apeló el 18 de octubre y el 28 de ese mes se casó. Finalmente, el Tribunal de Impugnación de La Pampa, con los votos de Flores y Jensen, concedió el beneficio a Tomaselli en fallo dividido. Y a los ocho días de recuperar su libertad, el joven asesinó a su flamante esposa.
DIVORCIO - INJURIAS GRAVES DE LA MUJER
La Cámara Civil decretó el divorcio de un matrimonio porque la mujer no comprendía ni trataba con "delicadeza" a su marido, y buscó una excusa para irse a vivir con otro.
El divorcio fue decretado por culpa exclusiva de la mujer por las causales de "adulterio, injurias graves y abandono voluntario del hogar".
El fallo dictado por la sala J de la Cámara Civil consideró los argumentos del hombre, que sostenía que su esposa lo sometía a "agresiones verbales, respuestas ofensivas y actitudes hostiles", lo que representaba "desconsideración y desprecio".
Las juezas Zulema Wilde y Beatriz Verón dieron por probada "la falta de comprensión y delicadeza" de la mujer hacia su cónyuge, y determinaron que esas actitudes habían "excedido el límite normal de tolerancia y de respeto mutuo, por lo que deben ser considerados hechos violatorios y configurativos de las injurias graves".
La propia mujer reconoció que en el marco de las reiteradas discusiones que sostenían "le decía boludo... cosas así".
Pero el tribunal mensuró, además, que la mujer le había sido infiel a su marido, cuando estaban distanciados, no formalmente separados. Alegando que debía cuidar a su madre enferma en el interior del país, la mujer se había mudado con su amante a la casa de su progenitora.
El divorcio fue decretado por culpa exclusiva de la mujer por las causales de "adulterio, injurias graves y abandono voluntario del hogar".
El fallo dictado por la sala J de la Cámara Civil consideró los argumentos del hombre, que sostenía que su esposa lo sometía a "agresiones verbales, respuestas ofensivas y actitudes hostiles", lo que representaba "desconsideración y desprecio".
Las juezas Zulema Wilde y Beatriz Verón dieron por probada "la falta de comprensión y delicadeza" de la mujer hacia su cónyuge, y determinaron que esas actitudes habían "excedido el límite normal de tolerancia y de respeto mutuo, por lo que deben ser considerados hechos violatorios y configurativos de las injurias graves".
La propia mujer reconoció que en el marco de las reiteradas discusiones que sostenían "le decía boludo... cosas así".
Pero el tribunal mensuró, además, que la mujer le había sido infiel a su marido, cuando estaban distanciados, no formalmente separados. Alegando que debía cuidar a su madre enferma en el interior del país, la mujer se había mudado con su amante a la casa de su progenitora.
lunes, 5 de diciembre de 2011
DEUDORES ALIMENTARIOS - PUBLICIDAD
Ser padre es una responsabilidad que se asume de por vida. Si la pareja no funciona, el vínculo parental no tiene por qué romperse. Después de una separación, se establecen nuevas pautas y se fijan obligaciones, como la cuota alimentaria para el padre no conviviente. Según estimaciones, el 70 por ciento no la cumple.
De esta realidad surgen los registros de deudores alimentarios. El primero fue en la Ciudad de Buenos Aires en 1999. Actualmente, hay además, en Río Negro, Catamarca, Chubut, Chaco, Salta, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Santa Cruz y Mendoza.
En esta provincia se lleva a cabo una experiencia inédita: la publicación en los principales diarios provinciales, una vez al mes, de la lista de deudores. La medida abrió el debate sobre la eficacia de la sanción social.
El registro mendocino existe desde 2001 y tiene 315 inscriptos. “La tasa de desempleo aquí alcanza el 4 por ciento, por eso consideramos que la ausencia de ingresos no es un motivo para incumplir”, explica el ministro de Gobierno provincial, Félix González. La difusión del listado, sostiene, “es un mecanismo que aporta a su buen funcionamiento porque el control social es una importante influencia para que regularicen su situación”. Se va notando: seis padres se pusieron al día y también se incrementaron las consultas para denunciar las irregularidades. Son morosos aquellos que no abonan lo acordado durante tres meses consecutivos o cinco alternados. El ingreso y egreso del registro depende del juez.
En la mayoría de estas bases de datos –locales, aún no hay un registro nacional– quienes figuran son sancionados en cuestiones que “limitan la actividad laboral y comercial, la transferencia de bienes; se les prohíbe obtener licencias de conducir y se restringe el acceso a los cargos públicos”, detalla Claudio Belluscio, abogado especialista en derecho de familia. Su colega Leonardo Glikin añade: “La Justicia es demasiado laxa porque no hay, habitualmente, penalidades efectivas para quien incumple el deber de asistencia familiar”.
Contagio. Al menos en dos provincias, se analiza replicar la experiencia de Mendoza. El diputado provincial de La Rioja Guillermo Galván (UCR) presentó un proyecto para dar a conocer la lista de deudores a través de una página web creada especialmente y “de los medios públicos de comunicación en forma obligatoria”.
Para los privados, se canalizaría a través de la pauta oficial. “Apuntamos al moroso que incumple a sabiendas, de mala fe”, explica. Las críticas apuntan a una posible ‘intromisión’ en la privacidad: “A mi juicio, prima el derecho del menor a ser asistido por sobre el derecho a la intimidad”. Hasta el momento, hay 200 personas inscriptas en el registro riojano, que es de acceso limitado. La propuesta se está discutiendo en comisión y se espera poder tratarla sobre tablas en la sesión del 15 de diciembre. “Queremos despertar la conciencia dormida en este tema”, resume Galván.
Por su parte, en San Juan, los diputados Rosalía Garro y Horacio Espejo propusieron que el registro sea publicado en la página web del Ejecutivo. No hubo despacho porque no se logró un acuerdo y van a insistir en el próximo período parlamentario.
En la Ciudad de Buenos Aires, con 2.500 anotados en el registro, se establecieron convenios con ocho cámaras empresariales para que las compañías pidan el certificado de libre deuda antes de contratar a alguien. De esta manera, se involucra al sector privado.
En Salta, se pega un papel con los nombres de los deudores en la planta baja del Poder Judicial. O sea: es público, pero está en un lugar demasiado específico. “Lo de Mendoza me parece maravilloso, porque si no la ley termina siendo una ficción jurídica”, señala Ana María Carriquiry, abogada de familia.
Belluscio remarca que hay pocas inscripciones con relación al número real de deudores. “Los registros son una herramienta más, pero tampoco la panacea”, reconoce. En el mismo sentido, Glikin destaca la necesidad de que la sociedad colabore y “que se asiente el incumplimiento en informes como el Veraz o que haya otro tipo de repudios, como el quite de tarjetas de crédito, por ejemplo”.
Las víctimas de esta situación son niños y niñas. “Buscamos que no sean la variable de ajuste de la disputa del matrimonio”, remarca Galván. Se pretende un cambio de comportamiento, que implica hacerse cargo. “Tiene que ser una sanción que eduque –sintetiza Carriquiry– . Porque en son de proteger la intimidad, los chicos siguen sin comer.”
De esta realidad surgen los registros de deudores alimentarios. El primero fue en la Ciudad de Buenos Aires en 1999. Actualmente, hay además, en Río Negro, Catamarca, Chubut, Chaco, Salta, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Santa Cruz y Mendoza.
En esta provincia se lleva a cabo una experiencia inédita: la publicación en los principales diarios provinciales, una vez al mes, de la lista de deudores. La medida abrió el debate sobre la eficacia de la sanción social.
El registro mendocino existe desde 2001 y tiene 315 inscriptos. “La tasa de desempleo aquí alcanza el 4 por ciento, por eso consideramos que la ausencia de ingresos no es un motivo para incumplir”, explica el ministro de Gobierno provincial, Félix González. La difusión del listado, sostiene, “es un mecanismo que aporta a su buen funcionamiento porque el control social es una importante influencia para que regularicen su situación”. Se va notando: seis padres se pusieron al día y también se incrementaron las consultas para denunciar las irregularidades. Son morosos aquellos que no abonan lo acordado durante tres meses consecutivos o cinco alternados. El ingreso y egreso del registro depende del juez.
En la mayoría de estas bases de datos –locales, aún no hay un registro nacional– quienes figuran son sancionados en cuestiones que “limitan la actividad laboral y comercial, la transferencia de bienes; se les prohíbe obtener licencias de conducir y se restringe el acceso a los cargos públicos”, detalla Claudio Belluscio, abogado especialista en derecho de familia. Su colega Leonardo Glikin añade: “La Justicia es demasiado laxa porque no hay, habitualmente, penalidades efectivas para quien incumple el deber de asistencia familiar”.
Contagio. Al menos en dos provincias, se analiza replicar la experiencia de Mendoza. El diputado provincial de La Rioja Guillermo Galván (UCR) presentó un proyecto para dar a conocer la lista de deudores a través de una página web creada especialmente y “de los medios públicos de comunicación en forma obligatoria”.
Para los privados, se canalizaría a través de la pauta oficial. “Apuntamos al moroso que incumple a sabiendas, de mala fe”, explica. Las críticas apuntan a una posible ‘intromisión’ en la privacidad: “A mi juicio, prima el derecho del menor a ser asistido por sobre el derecho a la intimidad”. Hasta el momento, hay 200 personas inscriptas en el registro riojano, que es de acceso limitado. La propuesta se está discutiendo en comisión y se espera poder tratarla sobre tablas en la sesión del 15 de diciembre. “Queremos despertar la conciencia dormida en este tema”, resume Galván.
Por su parte, en San Juan, los diputados Rosalía Garro y Horacio Espejo propusieron que el registro sea publicado en la página web del Ejecutivo. No hubo despacho porque no se logró un acuerdo y van a insistir en el próximo período parlamentario.
En la Ciudad de Buenos Aires, con 2.500 anotados en el registro, se establecieron convenios con ocho cámaras empresariales para que las compañías pidan el certificado de libre deuda antes de contratar a alguien. De esta manera, se involucra al sector privado.
En Salta, se pega un papel con los nombres de los deudores en la planta baja del Poder Judicial. O sea: es público, pero está en un lugar demasiado específico. “Lo de Mendoza me parece maravilloso, porque si no la ley termina siendo una ficción jurídica”, señala Ana María Carriquiry, abogada de familia.
Belluscio remarca que hay pocas inscripciones con relación al número real de deudores. “Los registros son una herramienta más, pero tampoco la panacea”, reconoce. En el mismo sentido, Glikin destaca la necesidad de que la sociedad colabore y “que se asiente el incumplimiento en informes como el Veraz o que haya otro tipo de repudios, como el quite de tarjetas de crédito, por ejemplo”.
Las víctimas de esta situación son niños y niñas. “Buscamos que no sean la variable de ajuste de la disputa del matrimonio”, remarca Galván. Se pretende un cambio de comportamiento, que implica hacerse cargo. “Tiene que ser una sanción que eduque –sintetiza Carriquiry– . Porque en son de proteger la intimidad, los chicos siguen sin comer.”
miércoles, 30 de noviembre de 2011
CONCUBINOS- REGIMEN PATRIMONIAL
Algunas parejas buscan iniciar una convivencia sin pasar por el Registro Civil. Tal vez lo hagan por desconfianza o inseguridad. O quizás por desconocimiento, ya que creen que el matrimonio y el concubinato son lo mismo.
Pero esto no es así y los problemas saldrán a la luz cuando, ya sea por muerte o por decisión de ambos miembros de la pareja, lo mismo decida concluir con la relación.
El problema principal es que, excepto por alguna norma dispersa que trata un tema específico, el concubinato no está regulado en la Argentina.
En tanto, los que pasen por el Registro Civil y se transformen en cónyuges sí cuentan con un régimen normativo por el cual tendrán dos tipos de bienes: los propios y los gananciales.
Los propios son aquellos con los que cada cónyuge llega al matrimonio -todo lo que tenía antes de casarse- y los que adquiera cada uno durante el mismo a título gratuito (una donación) o por una causa o título anterior al matrimonio (un juicio laboral, por citar un ejemplo).
En cambio, los gananciales son los que se adquieren dentro del matrimonio a título oneroso, o aún después de su disolución, por causa del matrimonio. Por ejemplo, dentro de los gananciales, se incluyen los sueldos y haberes de ambas partes.
Esta última clase no existe dentro de los concubinatos, por lo que probar lo que cada uno llevó a la pareja y poder dividirlo es caso de disolución será muy difícil.
En las Cámaras que conforman el Congreso, este tema está comenzando a ser propuesto a través de distintas iniciativas. En una de ellas, la senadora santiagueña Ana Corradi de Beltrán, del Frente para la Victoria (FPV), propone que -en cuanto al régimen de los bienes gananciales- el concubinato tenga el mismo tratamiento que el matrimonio, si supera los cinco años de vida en común.
Es decir, de aprobarse el proyecto, una vez transcurrido ese tiempo de convivencia a la pareja se la tratará -en cuanto al régimen patrimonial- como si fuese un matrimonio.
Concubinato y ganancialidad
La iniciativa de la legisladora santiagueña propone incorporar el segundo párrafo al artículo 1315 para que quede redactado de la siguiente manera:
"Los gananciales de la sociedad conyugal se dividirán por iguales partes entre los cónyuges, o sus herederos, sin consideración alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad bienes algunos", resalta.
Y agrega: "También se considerarán gananciales, sujetos al régimen del párrafo precedente, los bienes adquiridos por el hombre o la mujer que se encuentren en estado de aparente matrimonio -concubinato- por el intervalo de cinco años".
De acuerdo a los fundamentos efectuados por Corradi de Beltrán, con este proyecto "se pretende posibilitar tanto al marido, como a el/la conviviente, el poder de disfrutar de los beneficios de uso y del usufructo que tenga su pareja: sea este cónyuge o concubino".
Para la senadora, en el tema analizado, la redacción actual del código aparece discriminatoria y se contrapone con el principio de igualdad dispuesto por el articulo 16 de la Constitución Nacional, así como también con numerosos tratados de derechos humanos con rango constitucional.
"La realidad social actual incluye como algo, si no habitual, bastante más extendido que hace dos décadas, la existencia de mujeres y hombres que voluntariamente han decidido formar una pareja estable y una familia, sin someterse a ninguno de los requisitos, ritos o fórmulas que los diversos ordenamientos prevén para "santificar" dicha unión", remarcó la impulsora de la iniciativa.
Los derechos de los concubinos
Tras conocerse la propuesta parlamentaria, Fernando Millán y Leandro Merlo, especialistas en derecho de familia, y colaboradores de Microjuris Argentina, analizaron los derechos de los concubinos:
a) A continuar la locación en caso de fallecimiento de su concubino locatario.
b) Derecho a reclamar el daño material por muerte del otro.
c) La posibilidad de heredar al cónyuge si el matrimonio se celebró para regularizar un concubinato, cuando el cónyuge falleciera dentro del mes de celebrado el enlace a raíz una enfermedad que tenía al momento de casarse.
d) Posibilidad de alegar una sociedad de hecho para efectuar un reclamo sobre bienes. Sin embargo, destacaron que "este supuesto debe manejarse con extrema cautela". Los tribunales señalan que el concubinato por sí solo, por extenso que sea, no hace presumir una sociedad de hecho entre los concubinos.
e) Derecho de pensión: el aparente matrimonio debió durar 5 años como mínimo inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reduce a dos años cuando exista un hijo reconocido por ambos convivientes.
El o la conviviente excluye al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el concubino hubiere estado pagando alimentos, por haber dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
f) Indemnización laboral por muerte del concubino: la Ley de Contrato de Trabajo establece el derecho a percibir la mitad de la indemnización por antigüedad que correspondiera, en caso de muerte del trabajador, a "la mujer que hubiese vivido públicamente con el trabajador, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento". Este supuesto se aplica también al hombre, cuya concubina falleciera.
g) Inclusión en la obra social: se puede incluir como beneficiarios de las obras sociales a "las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar".
h) Presunción de paternidad: en un juicio de filiación donde se pretenda determinar la paternidad del hijo nacido de una pareja de concubinos, existe una presunción sobre la paternidad del concubino de la madre, si ambos convivían a la época en que el hijo fue concebido.
Sin embargo, esta presunción puede ser desvirtuada por el demandado por cualquier medio de prueba.
Los especialistas de Microjuris Argentina, consideraron que "las uniones de hecho no deben tener regulación legislativa específica".
"Las parejas que no quieren optar por el matrimonio, lo hacen a efectos de conservar libertades personales y patrimoniales, sustrayéndose voluntariamente a los efectos jurídicos que derivan del matrimonio", remarcaron los expertos.
Por ese motivo, indicaron que "no es adecuada la incorporación de una legislación referida al concubinato porque, de regularse, se establecería una suerte de matrimonio "de segunda", constituido por las uniones de hecho y uniones civiles, y otro "de primera", constituido por el matrimonio tradicional, en cuanto a la extensión de derechos que tendría uno y otro".
En ese mismo sentido se expresó Ana Ortelli, profesora de Derecho de Familia y de Sucesiones en la Universidad Austral y en la UCA y colaboradora de elDial.com, porque "es obligar a una persona a entrar a una situación legal que no pretendió".
Eduardo Favier Dubois, presidente del Instituto Argentino de Empresa Familiar (IADEF), estimó que, para evitar contingencias en la pareja y con los terceros, se debería ampliar el plazo mínimo de convivencia, que no debería ser menor a diez años. Además, debería existir un registro del concubinato o un sistema que permita su publicidad y fecha cierta.
En cambio, Gabriel Martinez Niell, abogado del Estudio Grispo & Asociados, se mostró a favor de la regulación de las uniones de hecho y entendió que la iniciativa "responde a una situación cuyo tratamiento legal está pendiente desde hace largos años".
"Por ello, resulta valioso el planteamiento de esta problemática a efectos de precisar la naturaleza específica de este vínculo y las consecuencias jurídicas que derivan del mismo", agregó.
Otros proyectos
En el Senado también se aguarda el tratamiento de la iniciativa propuesta por la legisladora jujeña Liliana Fellner, que establece que los bienes adquiridos a título oneroso, desde el inicio de la relación por cualquiera de los integrantes de la pareja, o en cuanto se hubiese acrecentado el patrimonio propio de cada uno de ellos durante la vigencia de la unión, se considerarán gananciales en un 50% para cada una de las partes. Para entrar dentro de este régimen, la pareja debe tener un mínimo de convivencia de tres años.
En tanto, indica que los bienes comunes se administrarán por uno u otro concubino. Los gastos que realice uno de ellos y las obligaciones que contraiga para cubrir las necesidades recíprocas y de los hijos, obligarán también al otro.
Si la unión se disuelve por muerte de uno de los convivientes se procederá a la división de los bienes gananciales en la sucesión del fallecido.
Si no quedaron descendientes ni ascendientes, los convivientes que mantuvieron su unión por un período de, al menos, tres años y que cuenten con aptitud nupcial, se heredarán recíprocamente.
Por otra parte, cuando falleciere el conviviente propietario del inmueble que hubiere constituido asiento del hogar, el viudo o viuda podrá vivir en él -y de manera gratuita- siempre que careciera de un inmueble propio habitable.
Este derecho cesará cuando la fortuna del conviviente mejorase considerablemente a criterio del juez, contrajere nuevas nupcias o formare una nueva unión de hecho.
martes, 15 de noviembre de 2011
ALIMENTOS - condena penal al incumplidor
El acusado sostuvo que incumplía con su obligación "porque la mujer ya cobraba un plan social". Además, lo obligaron a terminar los estudios secundarios
La jueza en lo Correccional, de Garantías y Menores de Segunda Nominación de Tartagal condenó a un hombre a seis meses prisión de ejecución condicional, porque se negaba a cumplir con las obligaciones alimentarias de sus hijos.Además, la jueza Sandra Sánchez le impuso la orden de terminar sus estudios secundarios siguiendo el plan para adultos de tres años. De esta forma resolvió una causa de violencia familiar y omisión de los deberes de obligación alimentaria.
El hombre se negaba a cumplir con la obligación alimentaria aduciendo que su ex concubina "tenía trabajo", aludiendo al cobro de un plan social, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
"Si ella ya está cobrando, para qué le voy a pasar", dijo el hombre durante la audiencia de debate lo que a criterio de la magistrada manifiesta su irresponsabilidad y convicción de que no tiene obligaciones con sus tres hijos.
Al fundamentar las razones por las que se le impuso cumplimentar su educación secundaria conforme a los planes de educación para adultos en el período lectivo que se iniciará el año próximo, la magistrada recordó que "creer que porque cobra el salario -cuando lo cobra- no tiene más obligaciones, sí es ignorancia total, máxime cuando lo que eventualmente gana lo consume en reuniones de amigos para beber y jugar a las cartas".
De allí que se le impusiera además la obligación de abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y ejercer actos de violencia en contra de su ex pareja, agregó el CIJ.
Y observó particularmente "el efecto negativo de los planes sociales" que se traduce en la falta de incentivo a la búsqueda de trabajo ya que el hombre dijo durante la audiencia que no salía a buscar empleo porque su mujer "ya tiene un beneficio social".
jueves, 10 de noviembre de 2011
Polémico fallo que beneficia a un femicida
El tribunal de Casación Penal bonaerense rebajó la pena a un hombre que había asesinado a su mujer al considerar que el crimen sobrevino tras una actitud “casi provocativa” de la víctima. El juez Horacio Piombo y su colega Benjamín Llargués sostuvieron que Marcelo Gentile, al matar a martillazos y cuchillazos a su mujer, la brasileña Dirlene Vieira, estaba enceguecido por la pelea que venían teniendo minutos antes. El femicida tenía “un estado emocional que no contiene todas las características para obrar como atenuante, pero sí para ejercer una vigorosa influencia a la hora de considerar la sanción como correlato de la autoría culpable”, afirma el fallo, que aclara: “A eso debo aditar la actitud casi provocativa que la víctima venía exhibiendo al momento de producirse el altercado final”. La medida fue criticada por el fiscal ante la Casación Carlos Altuve, quien apeló ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, al considerar el fallo como “discriminación por género”.
En julio de 2007, Gentile asesinó a Vieira. Por el crimen, los tribunales de San Isidro condenaron al asesino a 17 años de prisión. Pero dos de los tres integrantes de la Sala I del Tribunal de Casación (el tercero, Carlos Natiello, votó en disidencia) resolvieron que la pena debía ser reducida a 10 años y tres meses, en función de las declaraciones que Gentile había hecho durante el juicio oral. Por entonces, el condenado explicó que su pareja había puesto en duda que él fuera heterosexual y que había “confesado” que tenía un amante con quien gozaba sexualmente. Entonces, declaró Gentile, “una fuerza incontrolable se apoderaba de mí y no podía dejar de imaginar a ella con su amante”, por lo que la atacó a martillazos y cuchillazos.El “estado emocional” que alegaba tener el asesino no condice con aquel que sirve “como atenuante”, pero sí es suficiente para “ejercer una vigorosa influencia a la hora de considerar la sanción como correlato de la autoría culpable”, evaluó el juez Piombo, en un voto que suscribió también Llargués. “A eso debo aditar la actitud casi provocativa que la víctima venía exhibiendo al momento de producirse el altercado final”, agregó. Por otra parte, en la disminución de la pena influyó también “la favorable impresión personal recogida en ocasión de comparecer el acusado en estrados”.
El fiscal de Casación Altuve apeló la reducción ante la Suprema Corte provincial. El fallo, explicó, “contradice por completo las normas internacionales que han prestado especial atención a cuestiones de género al justificar que por una discusión en la cual la mujer confiesa una infidelidad, y digo confiesa entre comillas, ya que no hay constancias en causa de eso, este hombre la mató”. Además, Altuve cuestionó que el fallo afirme que “la actitud casi desafiante de la mujer colocó al hombre en una situación emocional especial. Ubico este fallo en la discriminación por género”.
FEMINICIDIO
LICENCIA POR MATERNIDAD
Avanza el proyecto de ley que promueve modificar el régimen de licencias por embarazo y nacimiento dentro de la Cámara de Diputados de la Nación.
La propuesta consiste en variar las licencias de las madres que den a luz a un plazo de 45 días antes del parto y 45 días después, así como también se contempla que los padres pasen a gozar de 5 días de gracia luego del nacimiento.
A su vez, de acuerdo al proyecto, las licencias se ampliarían en los casos en que se dé el nacimiento antes de término, se trate de una parto de alto riesgo, o bien cuando el niño nazca con discapacidad o enfermedad crónica.
Cabe recordar que la iniciativa no sólo cuenta con la aprobación del Senado de la Nación, sino que también acaba de recibir el dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja.
Del mismo modo, el proyecto toma en cuenta beneficios para los padres de adoptantes, disponiendo que las madres contarán con un plazo de 30 días adicionales en los supuestos de nacimiento o guarda con fines de adopción múltiple y a partir del segundo hijo, así como el padre no podrá no trabajar luego del nacimiento o a la notificación de la guarda en caso de adopción.
La iniciativa que obtuvo la firma de 29 legisladores en el plenario de comisiones de la Cámara baja, estipula que tanto la madre como el padre tengan derecho a una licencia posterior al parto de su hijo aun cuando naciese sin vida.
La ley que tiene perspectivas de recibir su sanción efectiva antes del fin del período parlamentario actual, prevé que toda madre de un lactante tendrá una hora para amamantar a lo largo de su jornada laboral, la cual podrá disponer en dos períodos o bien postergar o adelantar el inicio de su día de trabajo.
La propuesta consiste en variar las licencias de las madres que den a luz a un plazo de 45 días antes del parto y 45 días después, así como también se contempla que los padres pasen a gozar de 5 días de gracia luego del nacimiento.
A su vez, de acuerdo al proyecto, las licencias se ampliarían en los casos en que se dé el nacimiento antes de término, se trate de una parto de alto riesgo, o bien cuando el niño nazca con discapacidad o enfermedad crónica.
Cabe recordar que la iniciativa no sólo cuenta con la aprobación del Senado de la Nación, sino que también acaba de recibir el dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja.
Del mismo modo, el proyecto toma en cuenta beneficios para los padres de adoptantes, disponiendo que las madres contarán con un plazo de 30 días adicionales en los supuestos de nacimiento o guarda con fines de adopción múltiple y a partir del segundo hijo, así como el padre no podrá no trabajar luego del nacimiento o a la notificación de la guarda en caso de adopción.
La iniciativa que obtuvo la firma de 29 legisladores en el plenario de comisiones de la Cámara baja, estipula que tanto la madre como el padre tengan derecho a una licencia posterior al parto de su hijo aun cuando naciese sin vida.
La ley que tiene perspectivas de recibir su sanción efectiva antes del fin del período parlamentario actual, prevé que toda madre de un lactante tendrá una hora para amamantar a lo largo de su jornada laboral, la cual podrá disponer en dos períodos o bien postergar o adelantar el inicio de su día de trabajo.
miércoles, 9 de noviembre de 2011
REPARACION POR UN FEMINICIDIO
La víctima, que ahora tiene 18 años, tenía 12 cuando su padre mató a su mamá y a sus hermanos. La mujer había hecho la denuncia, pero la policía y la Justicia no actuaron. Ahora, una jueza dispuso que debe ser indemnizada por el Estado.
En la causa, además de reclamar una indemnización, estaba acusado por incumplimiento de los deberes procesales el policía José Abraham Martínez, quien debió encargarse de las denuncias. Si bien Martínez quedó absuelto por el beneficio de la duda, la jueza Faber consideró probada la falta del Estado. Faber concluyó que la muerte de la mujer y los dos chicos podría haber ocurrido igual si se tomaban medidas preventivas, pero en ese caso, el Estado no hubiera sido responsable. “No es preciso demostrar la culpa del funcionario para que sea viable el deber estatal de resarcir por falta de servicio, sí lo es acreditar la falta o culpa del sistema administrativo o de la organización administrativa”, dice la sentencia.
“Quedaron expuestas las fallas en el servicio del Estado. Creo que esta decisión va a sentar jurisprudencia”, dijo el abogado de Vanina, Oscar Juárez. La joven vive con su abuelo y cursa el primer año de Derecho. Vanina está bajo tratamiento psicológico y todavía requiere intervenciones quirúrgicas por las secuelas de la terrible agresión que sufrió. Tiene cicatrices de las lesiones en el cuello, el brazo y el abdomen. La noche del ataque una amiga de la madre la encontró tirada en el pasto cubierta por una frazada y le preguntó qué había pasado. Ella le contestó: “Mi papá me mató, mató a mi mamá y a mis hermanos”. Yapura, su padre, fue condenado a prisión perpetua.
El abogado de Vanina expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno de apelar. “Si apelan, están en su derecho. Pero de esta manera queda nuevamente en evidencia el desinterés del Estado con respecto a Vanina, que quedó a cargo de sus abuelos, de escasos recursos”, señaló.
La Justicia salteña condenó al Estado provincial a pagar una indemnización por daño físico y moral de más de un millón de pesos a una adolescente de 18 años, sobreviviente de violencia de género, por la inacción policial en la prevención de los hechos. Abogadas especializadas en el tema destacaron los alcances de la sentencia, que sienta un precedente importante en relación con la reparación de las víctimas de violencia machista y la responsabilidad que tiene el Estado para proteger la vida de las mujeres (ver aparte). En los últimos tres años hubo 37 femicidios en la provincia de Salta, de acuerdo con un registro de los casos publicados en la prensa que lleva adelante el portal laotravozdigital.com desde septiembre de 2008.
Vanina tenía 12 años cuando el 28 de agosto de 2004 su papá, Alberto Yapura, la atacó y luego mató a su madre y a sus dos hermanitos. El caso conmocionó a la sociedad salteña. Rosana Alderete, madre de Vanina, había realizado varias denuncias contra su esposo por maltratos y amenazas en la seccional del barrio Campo Castañares, donde vivía, en la ciudad de Salta. En la sentencia, la jueza en lo Correccional y de Garantías Mónica Faber evaluó que el Estado tuvo responsabilidad en la feroz agresión –cuyas secuelas todavía padece Vanina– porque quedó en evidencia que la subcomisaría de Castañares no actuó como correspondía. Faber detalló que, de acuerdo con los testimonios de tres policías que declararon en el juicio, la seccional tenía sólo un oficial por turno para patrullar, tomar denuncias y hacer notificaciones, entre otros trámites. Los uniformados también declararon que desconocían la Ley de Violencia Familiar 7202 que establecía la obligación de asistir a las víctimas y que nadie los había capacitado al respecto. Además relataron que debían pedir un turno en la Jefatura de Policía, ubicada en el centro de la ciudad, para sacar fotocopias, ya que no tenían dinero para pagarlas. Una de las faltas que cometieron en la dependencia fue no haber mandado una copia de la denuncia al defensor de Menores para que interviniera, tal como había ordenado el 4 de agosto de 2004 el juez de Instrucción Sumaria de Tercera Nominación luego de la segunda denuncia de la mujer. El ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia, Maximiliano Troyano, adelantó que apelará el fallo como habitualmente ocurre.En la causa, además de reclamar una indemnización, estaba acusado por incumplimiento de los deberes procesales el policía José Abraham Martínez, quien debió encargarse de las denuncias. Si bien Martínez quedó absuelto por el beneficio de la duda, la jueza Faber consideró probada la falta del Estado. Faber concluyó que la muerte de la mujer y los dos chicos podría haber ocurrido igual si se tomaban medidas preventivas, pero en ese caso, el Estado no hubiera sido responsable. “No es preciso demostrar la culpa del funcionario para que sea viable el deber estatal de resarcir por falta de servicio, sí lo es acreditar la falta o culpa del sistema administrativo o de la organización administrativa”, dice la sentencia.
“Quedaron expuestas las fallas en el servicio del Estado. Creo que esta decisión va a sentar jurisprudencia”, dijo el abogado de Vanina, Oscar Juárez. La joven vive con su abuelo y cursa el primer año de Derecho. Vanina está bajo tratamiento psicológico y todavía requiere intervenciones quirúrgicas por las secuelas de la terrible agresión que sufrió. Tiene cicatrices de las lesiones en el cuello, el brazo y el abdomen. La noche del ataque una amiga de la madre la encontró tirada en el pasto cubierta por una frazada y le preguntó qué había pasado. Ella le contestó: “Mi papá me mató, mató a mi mamá y a mis hermanos”. Yapura, su padre, fue condenado a prisión perpetua.
El abogado de Vanina expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno de apelar. “Si apelan, están en su derecho. Pero de esta manera queda nuevamente en evidencia el desinterés del Estado con respecto a Vanina, que quedó a cargo de sus abuelos, de escasos recursos”, señaló.
ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO
La dependiente había informado que su jefe le hacía propuestas indecentes y comentarios incómodos, por lo que ahora deberán resarcirla por daño moral. En la Cámara de Diputados se analizará un proyecto que trata sobre esta problemática en el ámbito laboral.
La Ley 26.485 y su decreto reglamentario tratan sobre la Protección Integral a las Mujeres y reprimen, entre otras conductas, las que basadas en una relación desigual de poder afecten la vida, la libertad, dignidad, integridad física y psicológica, sexual, económica o patrimonial de las víctimas.
El acoso sexual es una de las figuras más corrientes en el derecho laboral donde la persona damnificada se resiste a las pretensiones o propuestas sexuales que le efectúa su acosador, siendo muchas veces un dispositivo o disparador para el mobbing o acoso moral.
Para evitar esta clase de situaciones y reclamos, las empresas deben tomar varios recaudos, para garantizarle a la víctima un canal de comunicación que le permita denunciar esos episodios y terminar con el acoso.
La importancia que reviste esta problemática es tal que ya llegó al Congreso, de la mano del diputado oficialista Héctor Recalde, un proyecto de ley que se espera que sea tratado en el recinto de la Cámara baja sobre "prevención y sanción de la violencia laboral y el acoso sexual laboral", que hace algunos días obtuvo dictamen favorable de la comisión de Derechos Humanos.
En tanto, los juicios se multiplican en la Justicia. Recientemente, se dio a conocer un caso en el que una empresa fue condenada a pagar una indemnización por daño moral a una empleada que había informado que su jefe la acosaba sexualmente y fue despedida por una supuesta reestructuración.
Los jueces sostuvieron que la firma, al no poder probar sus afirmaciones, incurrió en discriminación por lo que fue obligada a resarcir a la dependiente.
Reclamo desestimado
La empleada indicó que su jefe la acosaba sexualmente, ya que éste la miraba de modo libidinoso, le hacía comentarios impropios y se refería a ella de forma desubicada frente a los demás.
A raíz de una reorganización física dispuesta por la empresa, le asignaron un lugar en una oficina con él, donde relató que aquél veía pornografía por Internet, sin importarle su presencia. Esta situación le generaba pudor, incomodidad y una presión emocional anormal.
Al poco tiempo, le comunicó dicha situación a las distintas autoridades de la firma, quienes le dijeron que estaban al tanto de dicha situación, que consideraban que esa persona estaba enferma y que la ayudarían.
Sin embargo, luego de una reunión entre los dueños y directivos, la empleada fue desvinculada bajo el argumento de que la compañía estaba en proceso de reestructuración, por lo que fue indemnizada como si se tratase de un despido sin causa.
A pesar de ser indemnizada, se presentó ante la Justicia para reclamar un resarcimiento extra por daño moral ya que sostuvo que fue víctima de acoso sexual, discriminación y que la cesantía se debió a que comunicó esa situación a las autoridades de la compañía. Además, solicitó la aplicación de distintas multas ya que percibía parte de su salario sin registración.
Sin embargo, la empresa negó que dentro de la misma hubiese existido algún tipo de acoso físico o moral hacia la reclamante y aseguró que no fue advertida ni notificada de los mencionados padecimientos.
En su defensa, la compañía señaló que la dependiente trabajaba en un lugar frecuentemente visitado, utilizado como sala de reunión y compartido.
Tras evaluar los hechos, la jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda al aceptar el reclamo referido a los pagos "en negro" y desestimó, en cambio, la pretensión por despido discriminatorio.
De esta manera, ambas partes se presentaron ante la Cámara. La dependiente se quejó por el rechazo de la indemnización solicitada en concepto de daño moral. En tanto, la firma cuestionó la aplicación de las diferentes multas, pero su pedido fue rechazado porque varios testigos avalaron los dichos de la reclamante.
Sobre el otro punto, los magistrados indicaron que el acoso sexual "puede manifestarse por diversas conductas como lenguaje grosero, solicitud de favores sexuales, bromas permanentes, miradas y manoseos, entre otros".
"Este tipo de proposiciones "molestas" tienen el propósito de interferir con el desempeño laboral, porque son la base de las decisiones que afectan al sujeto y de la responsabilidad del empleador que comete tal acto, más allá que fueran autorizados o prohibidos por éste al no emprender las acciones correctivas oportunamente", señalaron los camaristas.
Sobre este punto, explicaron que la Ley 26.485 "tiende a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, que encuentra sustento en convenciones internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer".
Luego destacaron que los casos de despidos discriminatorios son de difícil probanza para las víctimas, por lo que la trabajadora debe aportar un indicio razonable de esos hechos y la empleadora tiene que demostrar que su decisión de romper el vínculo laboral es ajena al derecho lesionado.
En este caso, la empresa alegó "reestructuración" pero no aportó elementos probatorios suficientes para acreditar la necesidad de llevarla a cabo.
De esta forma, para los jueces, era viable concluir que la reclamante fue víctima de acoso sexual por parte de quien se desempeñaba como gerente de legales de la empresa. Además, entendieron que el hecho de que la dependiente hiciera saber dicha situación a las autoridades de la compañía derivó en su despido, lo cual contraría derechos irrenunciables consagrados por la Constitución Nacional, en normas internacionales, en la Ley de Contrato de Trabajo y, en especial, en la norma sobre Protección Integral a las Mujeres.
La lesión de estos legítimos derechos hacían aplicable, para los jueces, la reparación del daño moral de acuerdo a los lineamientos previstos en el Código Civil. Dicho resarcimiento fue fijado en $15.000.
Julián de Diego, socio del estudio homónimo, indicó que "en función de la tendencia actual en lo que hace a los códigos de conducta enarbolados por las empresas, el acoso sexual en particular es un acto ilícito que se arraiga en la sociedad por razones culturales, sociológicas y psicológicas, pero que se transforma en un mal que produce daños en el seno laboral".
"Frente a esta realidad, el acosador debe ser aislado e investigado y, si es responsable, debe ser apartado de la organización. Y el acosado es una víctima que debe ser protegida, amparada por la confidencialidad de la denuncia. Se deben investigar los hechos y procurar que la misma restablezca la normalidad y regrese a una vida laboral normal y protegida", remarcó.
Luego agregó que "en todos los casos, se debe actuar con responsabilidad y custodiando el derecho de cada uno, sobre todo el derecho de los más débiles".
Inconsistencias con un proyecto de ley
Por otro lado, la Cámara de Diputados podrá tratar en el recinto un proyecto del legislador Héctor Recalde tendiente a la "prevención y sanción de la violencia laboral y el acoso sexual laboral", ya que obtuvo los dictámenes que necesitaba para debatirse en el plenario.
En el texto de la iniciativa se define al acoso sexual como "todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, no consentida por quien la recibe, cuando se formula con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a la víctima si no accede a los requerimientos del acosador, o cuando interfiere el habitual desempeño del trabajo o provoca un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo".
En caso de aprobarse, las compañías deberá tener presente que:
- El trabajador podrá considerarse despedido sin causa cuando fuere objeto de acoso sexual en ocasión del mismo, sin importar si a éste lo cometió un superior jerárquico u otro trabajador. Para ello, debe efectuar la denuncia y el empleador no debe haber adoptado las medidas necesarias para hacer cesar tal conducta.
- Si el empleado diera a conocer el hecho, no podrá ver modificadas sus condiciones laborales ni ser despedido. En todo caso, si el empleador infringe tal mandato, le dará el derecho al dependiente de optar por considerarse despedido sin causa o accionar legalmente para reestablecer las condiciones alteradas.
- Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado se debe a su denuncia, cuando la modificación se lleve a cabo dentro del año subsiguiente a aquella.
- En los casos en que la empresa decida dar por finalizado un vínculo dentro del lapso indicado, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el resarcimiento por antigüedad previsto en el artículo 245 de la LCT ya que se presumirá que la ruptura tuvo su origen en el acto denunciado.
Esteban Carcavallo, socio de Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, señaló al respecto que quienes redactaron este nuevo proyecto olvidaron que "ya existe la Ley de Protección de la Mujer, con un capítulo dedicado a la violencia ejercida en el ámbito laboral y al acoso sexual, por lo que cualquier otra iniciativa debería articularse a esta última norma y, en lo posible, evitarse que un mismo hecho cuente con más de una regulación legal".
En tanto, Andrea Mac Donald, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires cuestionó al proyecto porque "debería incluir solamente la violencia laboral y no el acoso sexual laboral, ya que ambas figuras son diferentes en el mercado laboral".
Y concluyó: "El acoso sexual laboral puede ser un futuro disparador del mobbing porque se convertiría, luego, en el pleno hostigamiento como producto de las reiteradas negativas de la víctima de no acceder a las pretensiones sexuales del otro sujeto".
martes, 8 de noviembre de 2011
CONSEJOS FRENTE AL DIVORCIO
PREPARAR EL TERRENO
Cuando se presienta que se está a las puertas de un eventual Divorcio o Separación de hecho es recomendable empezar a asesorarse respecto de las diferentes situaciones que se puedan ir presentando, para estar preparado para afrontarlas lo más racionalmente posible, pues no estaremos aturdidos con la sorpresa.
Uno de los pasos importantes es ir conservando la documentación que toda familia tiene Ej.: Partidas de matrimonio, nacimiento, Títulos de Propiedad si existe un bien en común, cédula verde y dominio de algún automotor, DNI, Pasaporte, en fin todo aquello que seguramente hará falta para la iniciación de algún trámite en sede judicial y que misteriosamente pueden desaparecer del lugar habitual donde estaban guardados. . Todos sabemos cuando sobreviene una crisis familiar y seguramente podemos adivinar si es irreversible o no lo es.
DENUNCIA DE VIOLENCIA Cuando se presienta que se está a las puertas de un eventual Divorcio o Separación de hecho es recomendable empezar a asesorarse respecto de las diferentes situaciones que se puedan ir presentando, para estar preparado para afrontarlas lo más racionalmente posible, pues no estaremos aturdidos con la sorpresa.
Uno de los pasos importantes es ir conservando la documentación que toda familia tiene Ej.: Partidas de matrimonio, nacimiento, Títulos de Propiedad si existe un bien en común, cédula verde y dominio de algún automotor, DNI, Pasaporte, en fin todo aquello que seguramente hará falta para la iniciación de algún trámite en sede judicial y que misteriosamente pueden desaparecer del lugar habitual donde estaban guardados. . Todos sabemos cuando sobreviene una crisis familiar y seguramente podemos adivinar si es irreversible o no lo es.
En caso de estar viviendo situaciones de violencia familiar lo más aconsejable es ir haciendo la denuncia correspondiente en las instituciones que el sistema judicial ha previsto para su recepción Lavalle 1220 entre piso para radicarla en sede civil y en caso de urgencia podrá acudirse a comisaría o Centro de Gestión y Participación de cada barrio para hacer una exposición.
DIALOGO PERMANENTE
Siempre será valioso tratar de negociar con la otra parte en lugar de enfrentarla. Todos tenemos algo para ofrecer y a su vez podemos escuchar lo que nos ofrezcan y evaluar es costo beneficio. Hablando se entiende la gente. No se deje llevar por los consejos que le aporten quienes están muy cerca del conflicto pues pueden estar comprometidos emocionalmente en alguna medida y a pesar de sus buenas intenciones no lograrán la imparcialidad que estos temas requieren para ser enfocados adecuadamente, y piense que solo quienes están capacitados para orientarlo ante conflictos de familia lo guiarán en forma objetiva y responsable. Ej.: Abogados, Psicólogos. Realizar una consulta a tiempo puede posicionarnos con ventajas .”al que madruga… “
TERCEROS EN EL MEDIO
Si se está sentimentalmente relacionado/a con un tercero/a, trate de ser discreto y de evitar confrontaciones innecesarias, pues es probable que los ánimos no sean los mas apropiados para que esa nueva relación sea aceptada y seguramente atentará contra la posibilidad de seguir dialogando para logran un acuerdo favorable para ambas partes. Hay prioridades y debemos darle lugar a las mismas por eso son prioridades.
Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida afectiva pero habrá que resolver primero algunos aspectos respecto a nuestra anterior pareja y debe estarse sereno y predispuesto, de lo contrario el objetivo puede ser difícil de alcanzar.
Cuando el distanciamiento con el ex cónyuge o ex pareja está de alguna manera definido, es importante no realizar gestos hacia la otra parte que puedan dar lugar a confusiones o ser interpretados como “está todo bien”. Esta actitud retrasará en alguna medida la aceptación de la situación de desvinculación y cuando se advierta nuevamente la realidad la posibilidad de elaborar acuerdos racionales se verá amenazada. Esta recomendación se acentúa en caso de haber menores involucrados, pues atenta contra la seguridad de los niños respecto de lo que está pasando o habrá de pasar en el futuro con sus papis. Es derecho de los hijos conocer la verdad, solo así lograrán estabilidad emocional frente a los conflictos de familia.
FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA
Sea realista cuando fije una cuota de alimentos pues es importante comprender las posibilidades del alimentante para no crear un “deudor”, pues si el que debe abonar es en alguna medida un insolvente es posible que termine dejando de cumplir y no es lo más conveniente.
En cuanto a la forma de recibir el aporte alimentario es aconsejable ir previendo una modalidad de pago o depósito en cuenta bancaria a nombre de la persona que recibe ese dinero, y así se evitará el roce mensual obligado para requerir el cumplimiento y no tendrá la sensación de estar mendigando lo que se necesita y es deber del alimentante integrar
Para aquel que sea el que aporta la cuota le recomendamos que si no está previsto hacerlo vía bancaria o por descuento directo del sueldo, exija un recibo firmado con el detalle de la suma y mes que se abona, pues el “que paga mal, paga dos veces” Es decir que es importante tener constancia del pago de cada mes para evitar reclamo de cuotas ya abonadas.
Para la posibilidad de que se requiera probar las necesidades del alimentado se conveniente ir guardando comprobantes de los gastos que se realizan Ej.: Factura de colegios, Atención médica, club, Psicólogos etc. Nunca se sabe si habrá que hacer reclamo judicial de la cuota alimentaria.
ABANDONO DE HOGAR IMPORTANTE
Cuando esté enfrentada/o con su pareja, y se produzca una discusión, no incurra en el ERROR de dejar el hogar conyugal, pues esta actitud le podrá acarrear dificultades difíciles de revertir. Más allá del abandono que se le atribuya, lo peor podría ser que cuando desee volver encuentre que ha sido cambiada la cerradura y se le impida el acceso. Desde “afuera “todo es más difícil. Ahora bien. Si la partida del hogar ha sido para preservar la integridad tanto propia como de los menores, entonces no dude en alejarse y acudir a casa de algún familiar hasta realizar la denuncia correspondiente del daño sufrido Lavalle 1220 entre piso Capital Federal, y pedir en sede judicial que se le otorgue la reincorporación al domicilio y se ordene la exclusión y alejamiento del violento. Será atendida de inmediato y recién cuando se entre en el aspecto procesal del caso deberá apelar al asesoramiento y patrocinio de un Abogado.
ABUELOS Y DIVORCIO
En general cuando se piensa en sus derechos se los asocia a todo lo relacionado con la seguridad social, la salud física y el aspecto previsional, olvidando su rol de “abuelos de los nietos” estrictamente.
Como tales tienen derechos y obligaciones para con sus nietos. El derecho a verlos, disfrutarlos gratificarse dando y recibiendo el cariño y el amor. En este sentido, el contacto es esencial pues es sabido que los niños se sienten identificados con aquellos que tienen a su lado y la presencia en sus vidas de un abuelo hace a la formación integral en términos de tradición, historia y arraigo a la familia. El aporte que un abuelo proporciona a los niños difiere positivamente del que recibirán de sus padres pero es esencial para el futuro adulto
En cuanto a las obligaciones que tienen para con sus nietos está la de velar por su sustento cuando los padres no pueden o descuidan su deber al respecto. Jurídicamente hablando es la razón de su derecho a la visita. "El Código Civil les reconoce el derecho a las visitas", afirmó el abogado Osbaldo Ortemberg, especilizado en Derecho de Familia, y explicó que "todos los responsables de la alimentación tienen ese derecho y los abuelos y los nietos tienen obligación alimentaria recíproca". todos los responsables de la alimentación tienen ese derecho y los abuelos y los nietos tienen obligación alimentaria recíproca".
Es común que los abuelos desconozcan la posibilidad de acudir a una instancia judicial en reclamo de su derecho de visita. Se hace poco para lograr que tomen conocimiento de los procedimientos que contempla la ley para devolverles el ejercicio de ese derecho que implica la realización, mediante el trato y la comunicación, de importantes funciones educativas de la sensibilidad y la capacidad emotiva
El origen de la desvinculación es la disidencia de criterios con los padres del menor. El divorcio es un caldo de cultivo para la ruptura. La toma de posiciones frente a las causas , la formación de “bandos” expone a los menores a la pérdida de los abuelos de una u otra parte.
En algunos casos puntuales, se registra una reticencia a frecuentar a los abuelos de parte de los menores. Y esa circunstancia no es menor, pero es rigurosamente necesario averiguar las causas de esta actitud. Los niños tienen el derecho a ser oídos, lo garantizar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero también es imperioso descubrir la verdad que puede estar disfrazada y lo que el niño expresa puede no ser lo que siente.
En fin, no es simple pero es esencial tener e cuenta la situación reinante para tratar de allanar el camino. Lo importante es la operatividad pues la parálisis instala un estado de cosas que tiene efectos irreversibles en el tiempo.
Deberá empezarse por lo más simple, y esto es llamar a una mediación a los padres del menor, para que en ese ámbito de negociación, se intente un acercamiento, teniendo como premisa que no es obligatorio recomponer estrictamente la relación con los progenitores (aunque sería lo ideal) El contacto podrá ser en principio breve y poco frecuente buscando encuentros más recreativos como la participación en los cumpleaños o las fiestas religiosas",, pero es un comienzo por demás positivo, para ir regenerando los lazos para afianzarlos y sustentarlos con el correr el tiempo. El premio en amor es millonario.
Frente a quienes deben los abuelos plantear la solicitud del Régimen de Visitas.?
Contra el padre y la madre del menor, teniendo en cuenta que el conjunto de obligaciones y facultades sobre la persona del niño y sus bienes que engloba el instituto de la patria potestad, es conferido por la legislación a ambos padres en forma compartida Art. 264 Código Civil Es decir que los abuelos deberán iniciar acciones contra ambos progenitores, para que el juez pueda emitir su sentencia.
Asimismo deberá convocarse a ambos padres a la instancia de mediación ( negociación) , pues de acudir uno solo de los progenitores, el acuerdo que se celebrara deberá ser sometido a ratificación de parte del que no acudió a la mediación.
Como tales tienen derechos y obligaciones para con sus nietos. El derecho a verlos, disfrutarlos gratificarse dando y recibiendo el cariño y el amor. En este sentido, el contacto es esencial pues es sabido que los niños se sienten identificados con aquellos que tienen a su lado y la presencia en sus vidas de un abuelo hace a la formación integral en términos de tradición, historia y arraigo a la familia. El aporte que un abuelo proporciona a los niños difiere positivamente del que recibirán de sus padres pero es esencial para el futuro adulto
En cuanto a las obligaciones que tienen para con sus nietos está la de velar por su sustento cuando los padres no pueden o descuidan su deber al respecto. Jurídicamente hablando es la razón de su derecho a la visita. "El Código Civil les reconoce el derecho a las visitas", afirmó el abogado Osbaldo Ortemberg, especilizado en Derecho de Familia, y explicó que "todos los responsables de la alimentación tienen ese derecho y los abuelos y los nietos tienen obligación alimentaria recíproca". todos los responsables de la alimentación tienen ese derecho y los abuelos y los nietos tienen obligación alimentaria recíproca".
Es común que los abuelos desconozcan la posibilidad de acudir a una instancia judicial en reclamo de su derecho de visita. Se hace poco para lograr que tomen conocimiento de los procedimientos que contempla la ley para devolverles el ejercicio de ese derecho que implica la realización, mediante el trato y la comunicación, de importantes funciones educativas de la sensibilidad y la capacidad emotiva
El origen de la desvinculación es la disidencia de criterios con los padres del menor. El divorcio es un caldo de cultivo para la ruptura. La toma de posiciones frente a las causas , la formación de “bandos” expone a los menores a la pérdida de los abuelos de una u otra parte.
En algunos casos puntuales, se registra una reticencia a frecuentar a los abuelos de parte de los menores. Y esa circunstancia no es menor, pero es rigurosamente necesario averiguar las causas de esta actitud. Los niños tienen el derecho a ser oídos, lo garantizar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero también es imperioso descubrir la verdad que puede estar disfrazada y lo que el niño expresa puede no ser lo que siente.
En fin, no es simple pero es esencial tener e cuenta la situación reinante para tratar de allanar el camino. Lo importante es la operatividad pues la parálisis instala un estado de cosas que tiene efectos irreversibles en el tiempo.
Deberá empezarse por lo más simple, y esto es llamar a una mediación a los padres del menor, para que en ese ámbito de negociación, se intente un acercamiento, teniendo como premisa que no es obligatorio recomponer estrictamente la relación con los progenitores (aunque sería lo ideal) El contacto podrá ser en principio breve y poco frecuente buscando encuentros más recreativos como la participación en los cumpleaños o las fiestas religiosas",, pero es un comienzo por demás positivo, para ir regenerando los lazos para afianzarlos y sustentarlos con el correr el tiempo. El premio en amor es millonario.
Frente a quienes deben los abuelos plantear la solicitud del Régimen de Visitas.?
Contra el padre y la madre del menor, teniendo en cuenta que el conjunto de obligaciones y facultades sobre la persona del niño y sus bienes que engloba el instituto de la patria potestad, es conferido por la legislación a ambos padres en forma compartida Art. 264 Código Civil Es decir que los abuelos deberán iniciar acciones contra ambos progenitores, para que el juez pueda emitir su sentencia.
Asimismo deberá convocarse a ambos padres a la instancia de mediación ( negociación) , pues de acudir uno solo de los progenitores, el acuerdo que se celebrara deberá ser sometido a ratificación de parte del que no acudió a la mediación.
Todos los padres tenemos la firme convicción de que depende de nosotros procurar lo mejor para el bienestar emocional de nuestro hijos, y los abuelos forman parte de ese bienestar y nos ayudan a lograrlo con su cotidiano aporte de mimo y sabiduría de vida.
Los padres tenemos un enorme compromiso con los menores, para educarlos y formarlos en la ética y en la moral, pero muchas veces no tenemos el tiempo para el pequeño mimo y el cuentito a la hora de dormir, podemos entonces derivar tranquilos en la figura de los abuelos esos menesteres, la psicóloga Diana Rizzatto expresa "La relación entre abuelos y nietos es más relajada que la que nos une a nuestros padres, más permisiva, más centrado en la diversión. Irremplazable si se pierde"
Esperemos a su vez a ser abuelos nosotros mismos para disfrutar de esos pequeños placeres. Siempre y algún día estaremos en el lugar del otro.
Los padres tenemos un enorme compromiso con los menores, para educarlos y formarlos en la ética y en la moral, pero muchas veces no tenemos el tiempo para el pequeño mimo y el cuentito a la hora de dormir, podemos entonces derivar tranquilos en la figura de los abuelos esos menesteres, la psicóloga Diana Rizzatto expresa "La relación entre abuelos y nietos es más relajada que la que nos une a nuestros padres, más permisiva, más centrado en la diversión. Irremplazable si se pierde"
Esperemos a su vez a ser abuelos nosotros mismos para disfrutar de esos pequeños placeres. Siempre y algún día estaremos en el lugar del otro.
lunes, 7 de noviembre de 2011
CUOTA ALIMENTARIA - IMPORTANTE FALLO
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó el incidente de disminución de cuota alimentaria entablado por el progenitor, quien había renunciado a su empleo anterior, al considerar que dicha decisión unilateral del alimentante no justifica la reducción de la cuota alimentaria.
En los autos caratulados “L., S. E. C/ M., N. L. S/ Disminución De Cuota Alimentaria – Incidente”, la parte actora apeló la resolución que rechazó el incidente de reducción de cuota alimentaria promovido.
En el juicio seguido por alimentos, las partes habían convenido una pensión a favor de G.L. de 700 pesos mensuales, a cargo del padre, quien por ese entonces, se desempeñaba en el sector de electrodomésticos de un supermercado.
Poco meses después de la celebración del acuerdo, el actor renunció a su trabajo, dedicándose en la actualidad a realizar “changas”, en un comercio dedicado a la venta de insumos de computación, percibiendo entre $2.000 y $2.700 en concepto de ingresos, por lo que solicitó la reducción de la cuota acordada a favor de su hija.
Al analizar el recurso presentado, los jueces que integran la Sala G explicaron que “la circunstancia que la modificación producida en la actividad laboral obedeciera a una decisión adoptada por propia voluntad del quejoso, conduce a coincidir con las apreciaciones de la magistrada de grado en el sentido que la renuncia al anterior trabajo permite presumir que el recurrente tuvo a la vista otro mejor remunerado que estaría realizando”.
Los magistrados remarcaron que “aun cuando esta presunción no quepa, tampoco puede servirle de excusa, en tanto su deber es proveer el alimento de los hijos menores realizando los esfuerzos que fueren necesarios, no pudiendo eximirse de su obligación mediante un acto unilateral (cofr. Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos" n° 247, págs. 226/227 y citas)”.
Los jueces consideraron que “cabe presumir que la cuota alimentaria pactada de común acuerdo era adecuada a la situación de las partes y a sus respectivas necesidades”.
En la sentencia del 14 de octubre del presente año, los jueces explicaron que “para que proceda la reducción en la que insiste el alimentante en esta alzada, es preciso demostrar que sus ingresos se han alterado sustancialmente de manera tal que haga imposible o extremadamente dificultoso el pago de la cuota al punto de comprometer su digna subsistencia; y, además, el mejoramiento de los recursos de la alimentada o bien, la mengua de sus necesidades, lo cuál no ocurre en la especie”.
En tal sentido, la mencionada Sala destacó que “el progenitor que no vive con el beneficiario debe redoblar los esfuerzos para cubrir su asistencia, alimentación y educación en vez de tolerar una reducción de los alimentos que lleve a sus hijos al extremo de encontrarse desprovistos en la atención de sus necesidades básicas en virtud de los gastos regulares que su adecuada atención demanda, y la dedicación que a tal fin recae sobre la madre”.
En base a lo expuesto, los jueces concluyeron que “resulta inexcusable el deber del padre de proveer lo necesario para el bienestar de sus descendientes y es inaceptable que pretenda soslayar tal obligación aduciendo la exigüidad de sus ingresos, si no la demuestra cabalmente en el marco total de sus recursos”, por lo que confirmaron la resolución apelada.
En los autos caratulados “L., S. E. C/ M., N. L. S/ Disminución De Cuota Alimentaria – Incidente”, la parte actora apeló la resolución que rechazó el incidente de reducción de cuota alimentaria promovido.
En el juicio seguido por alimentos, las partes habían convenido una pensión a favor de G.L. de 700 pesos mensuales, a cargo del padre, quien por ese entonces, se desempeñaba en el sector de electrodomésticos de un supermercado.
Poco meses después de la celebración del acuerdo, el actor renunció a su trabajo, dedicándose en la actualidad a realizar “changas”, en un comercio dedicado a la venta de insumos de computación, percibiendo entre $2.000 y $2.700 en concepto de ingresos, por lo que solicitó la reducción de la cuota acordada a favor de su hija.
Al analizar el recurso presentado, los jueces que integran la Sala G explicaron que “la circunstancia que la modificación producida en la actividad laboral obedeciera a una decisión adoptada por propia voluntad del quejoso, conduce a coincidir con las apreciaciones de la magistrada de grado en el sentido que la renuncia al anterior trabajo permite presumir que el recurrente tuvo a la vista otro mejor remunerado que estaría realizando”.
Los magistrados remarcaron que “aun cuando esta presunción no quepa, tampoco puede servirle de excusa, en tanto su deber es proveer el alimento de los hijos menores realizando los esfuerzos que fueren necesarios, no pudiendo eximirse de su obligación mediante un acto unilateral (cofr. Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos" n° 247, págs. 226/227 y citas)”.
Los jueces consideraron que “cabe presumir que la cuota alimentaria pactada de común acuerdo era adecuada a la situación de las partes y a sus respectivas necesidades”.
En la sentencia del 14 de octubre del presente año, los jueces explicaron que “para que proceda la reducción en la que insiste el alimentante en esta alzada, es preciso demostrar que sus ingresos se han alterado sustancialmente de manera tal que haga imposible o extremadamente dificultoso el pago de la cuota al punto de comprometer su digna subsistencia; y, además, el mejoramiento de los recursos de la alimentada o bien, la mengua de sus necesidades, lo cuál no ocurre en la especie”.
En tal sentido, la mencionada Sala destacó que “el progenitor que no vive con el beneficiario debe redoblar los esfuerzos para cubrir su asistencia, alimentación y educación en vez de tolerar una reducción de los alimentos que lleve a sus hijos al extremo de encontrarse desprovistos en la atención de sus necesidades básicas en virtud de los gastos regulares que su adecuada atención demanda, y la dedicación que a tal fin recae sobre la madre”.
En base a lo expuesto, los jueces concluyeron que “resulta inexcusable el deber del padre de proveer lo necesario para el bienestar de sus descendientes y es inaceptable que pretenda soslayar tal obligación aduciendo la exigüidad de sus ingresos, si no la demuestra cabalmente en el marco total de sus recursos”, por lo que confirmaron la resolución apelada.
jueves, 3 de noviembre de 2011
CONCUBINATO
El concubinato es la relación de hecho que tienen dos personas de distintos sexo que cohabitan en forma permanente y estable haciendo vida marital.
En realidad, el concubinato o “unión libre” no suele producir en las legislaciones efectos jurídicos entre ellos, sí en cambio respecto de los hijos.
En Argentina la concubina tiene derechos en materia de previsión social; pero no tiene derechos hereditarios ni a alimentos, pues la obligación alimentaria entre ellos es de carácter natural. Tampoco existen bienes comunes como en el matrimonio, ni separación de bienes; si bien los concubinos pueden comprar bienes deberán hacerlo a nombre de los dos, pues los concubinos no participan en los bienes del otro (no existen bienes gananciales como en el matrimonio) de otra forma habría que probar una “sociedad de hecho entre los dos; probando de qué forma los dos contribuyeron a la compra del bien y que se hizo en interés común compartiendo las ganancias y las pérdidas.
Si bien el concubinato no genera por sí la existencia de una sociedad de hecho, igualmente cabe analizar si se ha probado que para la creación o adquisición de bienes, ha mediado el efectivo aporte económico de la concubina. Ya no se trata de la figura típica de la sociedad, sino de la noción más amplia y genérica de la comunidad de derechos o intereses, que abarca a aquélla y que redundaría en la idea de que se han unido aportes de uno y otro para la adquisición de bienes".
"Fuera del matrimonio, es necesario probar concretamente los aportes a través de los cuales, o pudo desenvolverse una sociedad de hecho, o pudieron adquirirse bienes por parte de ambos miembros de la pareja; pero más allá de lo que esta prueba llegue a acreditar, no hay derecho de participación, pues no se le extienden las previsiones de la sociedad conyugal. Los criterios legislativos imperantes en el ámbito de la seguridad social, según los cuales debe ser protegida, a través de normas previsionales y sociales, no sólo la familia constituida sobre vínculos legítimos, sino también la familia constituida sobre vínculos de hecho, nada tiene que ver con un diferendo de tipo económico entre quienes convivieron como concubinos".
"El concubinato no representa una institución jurídica recogida y contemplada sistemáticamente por nuestro derecho, sino un simple hecho social, al cual solo en determinados casos se le confieren consecuencias de índole jurídica. La vinculación afectiva personal, durante un lapso prolongado - 25 años - , no puede quedar sin la protección de la ley cuando se trata de ejercitar derechos carentes de contenido económico. No se trata de una situación asimilable al matrimonio "in totum", ya que la relación no ha surgido "ex lege" sino "ipso facto", pero no obstante ello, comprobada la situación de hecho, no corresponde desoír sus pedidos por razones de índole moral y humana. Debe pues, presumirse la existencia de una comunidad de intereses".
"El concubinato no crea por sí mismo una sociedad de hecho entre los concubinos, pues ello equivaldría a colocar en un plano de igualdad a la unión irregular y al matrimonio legítimo; por ende, quien invoca su existencia deberá acreditar realización de aportes o de trabajos comunes y el propósito de obtener alguna utilidad apreciable en dinero (arts. 1648 a 1650, Cód. Civil), con total prescindencia de las relaciones concubinarias y de la contribución a los gastos del hogar o las tareas domésticas que, para el caso, carecen de significación".
"Aunque no haya entre los concubinos una comunidad patrimonial necesaria -como la conyugal, que deviene por la celebración del matrimonio-, las relaciones patrimoniales entre aquéllos pueden configurar una sociedad irregular o de hecho, siendo entonces de aplicación, en lo tocante a la forma y prueba de su existencia, las previsiones de los arts.1662 a 1666 del Código Civil. Es que no puede desconocerse la posibilidad de que exista un patrimonio entre quienes, aún no unidos en legítimas nupcias, han cooperado efectivamente a su formación o acrecentamiento, subyaciendo por ello mismo la idea de comunidad de intereses".
En realidad, el concubinato o “unión libre” no suele producir en las legislaciones efectos jurídicos entre ellos, sí en cambio respecto de los hijos.
En Argentina la concubina tiene derechos en materia de previsión social; pero no tiene derechos hereditarios ni a alimentos, pues la obligación alimentaria entre ellos es de carácter natural. Tampoco existen bienes comunes como en el matrimonio, ni separación de bienes; si bien los concubinos pueden comprar bienes deberán hacerlo a nombre de los dos, pues los concubinos no participan en los bienes del otro (no existen bienes gananciales como en el matrimonio) de otra forma habría que probar una “sociedad de hecho entre los dos; probando de qué forma los dos contribuyeron a la compra del bien y que se hizo en interés común compartiendo las ganancias y las pérdidas.
Si bien el concubinato no genera por sí la existencia de una sociedad de hecho, igualmente cabe analizar si se ha probado que para la creación o adquisición de bienes, ha mediado el efectivo aporte económico de la concubina. Ya no se trata de la figura típica de la sociedad, sino de la noción más amplia y genérica de la comunidad de derechos o intereses, que abarca a aquélla y que redundaría en la idea de que se han unido aportes de uno y otro para la adquisición de bienes".
"Fuera del matrimonio, es necesario probar concretamente los aportes a través de los cuales, o pudo desenvolverse una sociedad de hecho, o pudieron adquirirse bienes por parte de ambos miembros de la pareja; pero más allá de lo que esta prueba llegue a acreditar, no hay derecho de participación, pues no se le extienden las previsiones de la sociedad conyugal. Los criterios legislativos imperantes en el ámbito de la seguridad social, según los cuales debe ser protegida, a través de normas previsionales y sociales, no sólo la familia constituida sobre vínculos legítimos, sino también la familia constituida sobre vínculos de hecho, nada tiene que ver con un diferendo de tipo económico entre quienes convivieron como concubinos".
"El concubinato no representa una institución jurídica recogida y contemplada sistemáticamente por nuestro derecho, sino un simple hecho social, al cual solo en determinados casos se le confieren consecuencias de índole jurídica. La vinculación afectiva personal, durante un lapso prolongado - 25 años - , no puede quedar sin la protección de la ley cuando se trata de ejercitar derechos carentes de contenido económico. No se trata de una situación asimilable al matrimonio "in totum", ya que la relación no ha surgido "ex lege" sino "ipso facto", pero no obstante ello, comprobada la situación de hecho, no corresponde desoír sus pedidos por razones de índole moral y humana. Debe pues, presumirse la existencia de una comunidad de intereses".
"El concubinato no crea por sí mismo una sociedad de hecho entre los concubinos, pues ello equivaldría a colocar en un plano de igualdad a la unión irregular y al matrimonio legítimo; por ende, quien invoca su existencia deberá acreditar realización de aportes o de trabajos comunes y el propósito de obtener alguna utilidad apreciable en dinero (arts. 1648 a 1650, Cód. Civil), con total prescindencia de las relaciones concubinarias y de la contribución a los gastos del hogar o las tareas domésticas que, para el caso, carecen de significación".
"Aunque no haya entre los concubinos una comunidad patrimonial necesaria -como la conyugal, que deviene por la celebración del matrimonio-, las relaciones patrimoniales entre aquéllos pueden configurar una sociedad irregular o de hecho, siendo entonces de aplicación, en lo tocante a la forma y prueba de su existencia, las previsiones de los arts.1662 a 1666 del Código Civil. Es que no puede desconocerse la posibilidad de que exista un patrimonio entre quienes, aún no unidos en legítimas nupcias, han cooperado efectivamente a su formación o acrecentamiento, subyaciendo por ello mismo la idea de comunidad de intereses".
ABORTO - LOS NUMEROS EN EL MUNDO
De los 68 países que prohíben el aborto, 36 lo permiten sólo para salvar la vida de la mujer. De los 58 países que autorizan la práctica por esa causa y también para preservar la salud de la mujer, 20 admiten explícitamente la excepción para preservar su salud mental.
La mayoría de los 58 países que no establece restricción por causas para permitir el aborto, pone el límite de que se realiza en las primeras 12 semanas de gestación. Italia marca un tope de 90 días; Guyana, de 8 semanas; Portugal, Kosovo y Turquía, de 10 semanas. Otros países amplían el plazo: Austria, España, Francia, Bélgica, Francia, Alemania, Rumania y Camboya lo extienden a 14 semanas; Suecia lo estira a 18 semanas; y Singapur lo autoriza hasta la semana 24.
La mayoría de los 58 países que no establece restricción por causas para permitir el aborto, pone el límite de que se realiza en las primeras 12 semanas de gestación. Italia marca un tope de 90 días; Guyana, de 8 semanas; Portugal, Kosovo y Turquía, de 10 semanas. Otros países amplían el plazo: Austria, España, Francia, Bélgica, Francia, Alemania, Rumania y Camboya lo extienden a 14 semanas; Suecia lo estira a 18 semanas; y Singapur lo autoriza hasta la semana 24.
martes, 1 de noviembre de 2011
LOS MIEDOS DE LA MUJER MALTRATADA
Las mujeres que sufren el maltrato tienen:
Miedo por los hijos: Es un mito frecuente pensar que si abandonan al agresor, lo pierden todo, incluso a los hijos (el abusador, generalmente asusta a la mujer diciéndole que tiene la manera de quedarse con los hijos). La mujer que expone por vía civil su historia de abuso, tanto físico como emocional, al amparo del instituto de protección contra la violencia familiar, puede conseguir la exclusión del hogar del violento, alimentos provisorios para su familia y la restitución del hogar en el caso de haber escapado. Cuando un hombre amenaza con quedarse con los hijos, simplemente sigue ejerciendo su rol de abusador emocional.
Miedo al agresor y a pedir ayuda o denunciar; obviamente, existe temor a la reacción que pudiera tener el agresor al darse cuenta de lo realizado por la mujer.
Miedo a la soledad: La dependencia es tan fuerte que a pesar de los malos tratos, no conciben la vida sin su pareja. En una relación de abuso, la mujer generalmente, corta todos sus lazos con el "mundo exterior", pierde a sus amigas, y el grado de alienación hacia sus parientes puede hacer que ya no tenga diálogo o confianza con ellos. La soledad es una realidad a la que se deberá enfrentar
Miedo a recibir ayuda: Cualquier información que reciban de cómo actuar o a dónde dirigirse será recibida con temor a que el agresor tome conocimiento de que ella tuviera contacto con ese tipo de datos.
Me dejo el punto para mí más relevante tal vez desde mi óptica , que no es la de un profesional de la salud mental): Miedo a no tener dónde vivir, ni tener dinero ni medios para volver a empezar.
Este punto es muchas veces el mayor impedimento para poder terminar una relación de maltrato. Tiene coincidencia en todas las clases sociales. La mujer que ha dedicado su vida al cuidado de los hijos o el hogar(aún con muy buen pasar) teme quedarse sin nada si abandona al maltratador, que eventualmente, le habrá hecho sentir como parte de su maltrato que ella no era dueña de nada. La de menores recursos, sabe que aunque un juez determine que el violento, como parte de una medida cautelar, tenga la obligación de aportar alimentos, esto no se cumplirá dando rienda suelta a la burocracia de trámites que incluyan reclamos sobre algo que se sabe será de imposible satisfacción. (Imaginemos a un violento, excluido del hogar, obligado a cumplir con una cuota alimentaria, si hay manera de hacerlo cumplir...)
Miedo por los hijos: Es un mito frecuente pensar que si abandonan al agresor, lo pierden todo, incluso a los hijos (el abusador, generalmente asusta a la mujer diciéndole que tiene la manera de quedarse con los hijos). La mujer que expone por vía civil su historia de abuso, tanto físico como emocional, al amparo del instituto de protección contra la violencia familiar, puede conseguir la exclusión del hogar del violento, alimentos provisorios para su familia y la restitución del hogar en el caso de haber escapado. Cuando un hombre amenaza con quedarse con los hijos, simplemente sigue ejerciendo su rol de abusador emocional.
Miedo al agresor y a pedir ayuda o denunciar; obviamente, existe temor a la reacción que pudiera tener el agresor al darse cuenta de lo realizado por la mujer.
Miedo a la soledad: La dependencia es tan fuerte que a pesar de los malos tratos, no conciben la vida sin su pareja. En una relación de abuso, la mujer generalmente, corta todos sus lazos con el "mundo exterior", pierde a sus amigas, y el grado de alienación hacia sus parientes puede hacer que ya no tenga diálogo o confianza con ellos. La soledad es una realidad a la que se deberá enfrentar
Miedo a recibir ayuda: Cualquier información que reciban de cómo actuar o a dónde dirigirse será recibida con temor a que el agresor tome conocimiento de que ella tuviera contacto con ese tipo de datos.
Me dejo el punto para mí más relevante tal vez desde mi óptica , que no es la de un profesional de la salud mental): Miedo a no tener dónde vivir, ni tener dinero ni medios para volver a empezar.
Este punto es muchas veces el mayor impedimento para poder terminar una relación de maltrato. Tiene coincidencia en todas las clases sociales. La mujer que ha dedicado su vida al cuidado de los hijos o el hogar(aún con muy buen pasar) teme quedarse sin nada si abandona al maltratador, que eventualmente, le habrá hecho sentir como parte de su maltrato que ella no era dueña de nada. La de menores recursos, sabe que aunque un juez determine que el violento, como parte de una medida cautelar, tenga la obligación de aportar alimentos, esto no se cumplirá dando rienda suelta a la burocracia de trámites que incluyan reclamos sobre algo que se sabe será de imposible satisfacción. (Imaginemos a un violento, excluido del hogar, obligado a cumplir con una cuota alimentaria, si hay manera de hacerlo cumplir...)
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